Juanma Moreno durante una rueda de prensa.
Imagen: @AndaluciaJunta vía Twitter.
- La Junta de Andalucía retoma su idea de permitir a las entidades privadas utilizar servicios e instalaciones públicas
- La Consejería de Sanidad ha hecho una actualización en los precios cifrando la consulta de Atención Primaria en 65 euros
La Junta de Andalucía ha reabierto la posibilidad de derivar las consultas de atención primaria a empresas privadas. El proyecto propone que las entidades utilicen los hospitales del Servicio Andaluz de Salud para aplicar tratamientos.
Esta ley, que supondría un paso crucial para la privatización de la sanidad de la comunidad, se hizo pública la semana pasada. Se trata de un borrador con la actualización del presupuesto y tarifación de convenios con empresas privadas.
El texto original lleva desarrollándose desde el 8 de julio de 2022 e incluye los conciertos con empresas privadas respecto a pruebas diagnósticas y procedimientos quirúrgicos en la atención primaria.
¿Qué dice la ley?
En el borrador se establece que los servicios e instalaciones públicas son “objeto de contratación” por parte de las empresas privadas. Este concepto abarca desde estancias médicas o curas hasta asistencia específica por un equipo de médicos especializado.
La actualización del borrador incluye como novedad la concertación de las estancias médicas, tanto hospitalización en planta como en UCI, y de la hospitalización por salud mental.
En el artículo 4 del documento se establecen, además, la fijación de precios por parte de la empresa privada. El presupuesto se fijará de forma global para que la atención sanitaria pueda ser ofrecida a la población de referencia conforme a la cartera de servicios contratada.
Los precios serán fijados por la Consejería de Salud, ya que reúne las competencias en materia de salud para determinar las tarifas en relación a los procedimientos quirúrgicos y diagnósticos en sus propias instalaciones.
Tal y como recoge el borrador, se establece un precio máximo de 65 euros para las consultas de atención primaria. La primera consulta tendrá un precio de 150 euros, mientras que las consultas sucesivas se cifrarán en 90 euros y las de alta en 215 euros.
Este apartado es el que hace pensar que las empresas privadas adjudicatarias de los conciertos podrían utilizar las instalaciones andaluzas, aun cuando se supone que si los pacientes se han derivado a los centros hospitalarios es porque la sanidad pública está saturada.
Los motivos de Juanma Moreno
Actualmente la sanidad andaluza se encuentra en un contexto de deterioro asistencial y de las condiciones laborales, lo que está llevando al colapso en la atención primaria. A esto se une la amenaza de cierre de la unidad de ictus en Huelva ante la carencia de neurólogos y el caos en la asignación de los destinos de las especialidades.
En el borrador se incluye que la Consejería de Salud y Familia establecerá una liquidación anual con las empresas privadas que utilicen estos espacios.
El Gobierno andaluz ha negado en varias ocasiones la intención de privatizar nada y sostiene que esa orden es solamente aplicable a casos de emergencia sanitaria.
Catalina García, consejera de Sanidad, ha anunciado que la única idea es “implementar una reforma integral que modernice y agilice el modelo de atención primaria”. Para ello, la Consejería cuenta con un presupuesto de 4.500 millones.
Los profesionales exigen al Gobierno andaluz que retire la orden que permite privatizar la atención primaria. UGT, CC.OO. y CSIF han convocado ya concentraciones en los centros de salud de las ocho provincias andaluzas.
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