Disidentes cubanos manifestándose en Miami, EE.UU., en apoyo a las protestas de Cuba del 11 de julio. Imagen:  Luis F. Rojas para Voice of America.

  • El ministro de Defensa de Cuba, Álvaro López Miera, y los miembros de la Brigada Especial Nacional son los primeros afectados por la decisión estadounidense
  • La medida coincide con el inicio de los primeros procesamientos judiciales a los detenidos durante las manifestaciones del 11 de julio

El Gobierno de Estados Unidos, de la mano de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, publicó un comunicado en el que anunciaba sanciones para todos los culpables de “la opresión del pueblo cubano”.

La nota de prensa del pasado 22 de julio señaló directamente a Álvaro López Miera, ministro de Defensa de Cuba, y a los integrantes de la Brigada Especial Nacional (BEN), el cuerpo de seguridad que se encargó de frenar las protestas del 11 de julio.

La sanción de la OFAC conlleva la congelación de cuentas bancarias y propiedades que los culpables pudieran tener en EE.UU., por lo que también limita su acceso al sistema financiero mundial.

El motivo fundamental que apuntan desde la Administración Biden es el hecho de “haber facilitado la represión de protestas” y las detenciones de manifestantes pacíficos.

Y es que, al mismo tiempo, se están celebrando los primeros juicios sumarios o monitorios de los arrestados. Estos procesamientos judiciales, previstos para infracciones más leves, se caracterizan por su rapidez, lo que provoca que el acusado tenga muy poco tiempo para encontrar a un abogado y preparar su defensa.

Hasta el momento, las sentencias más duras conllevan un año en prisión por delitos de desorden público o desacato a la autoridad. Es el caso de Anyelo Troya, un famoso fotógrafo cubano que participó en el videoclip contra el gobierno “Patria y Vida” y que espera desde su casa el resultado de la apelación de la sentencia.

Aun así, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, ha asegurado que estos juicios más breves “no están exentos del derecho a la garantía del debido proceso, incluyendo el derecho a la defensa”. Además, el letrado ha negado la existencia de personas desaparecidas tras los sucesos; pero, todavía no hay datos oficiales del número total de detenidos.

Por su parte, autoridades internacionales como la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido la liberación “urgente” de las personas detenidas por ejercer sus derechos.

También, Pedro Sánchez ha dado su opinión sobre las nuevas sanciones de EE.UU. durante su gira económica por la superpotencia mundial, que comenzó el pasado martes 20 de julio.

“Respecto a las sanciones que ha aprobado la Administración Biden, respeto absoluto. No tengo nada que decir respecto a una cuestión interna de la política estadounidense”, aclaró el presidente de España en una entrevista para la CNN.

 

El origen de las protestas: un cúmulo de descontentos

Las sanciones de Estados Unidos tienen su origen en las movilizaciones que tuvieron lugar en Cuba desde el pasado 11 de julio y que prosiguieron durante varios días más.

Era la primera vez que las concentraciones en contra del gobierno cubano alcanzaban una gran magnitud desde el Periodo Especial de los años 90. Por aquel entonces, una fuerte crisis económica fruto de la caída de la Unión Soviética, gran aliado comercial de Cuba, derivó en una fuerte oposición contra el régimen castrista.

En este caso, el levantamiento de parte del pueblo cubano, sobre todo, de los habitantes más pobres, es fruto de un conglomerado de problemas de carácter económico y social que ha acabado explotando.

En primer lugar, encontramos una crisis económica, energética y de abastecimiento acrecentadas por tres factores clave. Y es que el COVID-19 ha frenado de forma brusca el turismo en la isla, que es una de las principales fuentes de ingresos.

A esto hay que añadirle el proceso de acabar con el sistema de doble moneda que se implantó durante el Periodo Especial para salvar la economía. Si bien esta medida ayudó a la recuperación económica, generó una desigualdad que el Gobierno lleva años tratando de reducir.

En la actualidad, Cuba cuenta con dos monedas: el peso cubano (CUP), que es la moneda interna, y el peso cubano convertible (CUC), que era equivalente al dólar y se reservaba, en particular, para el comercio exterior y el turismo.

No obstante, el Gobierno comenzó el 1 de enero de 2021 con la hoja de ruta que suponía el fin de este sistema monetario dual. El problema es que requería una transición muy cuidada que el COVID-19 ha terminado por romper.

El resultado ha sido una fuerte inflación, es decir, un aumento del nivel general de precios, que ha encarecido los bienes de consumo y, por tanto, arruinado aún más a la población.

Asimismo, un tercer factor clave es el bloqueo económico de EE.UU. sobre Cuba que lleva en torno a 60 años dificultando el comercio exterior de la isla y que se ha recrudecido durante la pandemia, pese a las insistencias de la ONU por acabar con este.

Finalmente, el aumento de casos por coronavirus en Cuba ha sido el último detonante de las revueltas. Hasta el pasado mes de julio, el Gobierno había controlado la pandemia con una actuación notable. Sin embargo, las últimas semanas la cantidad de fallecidos y contagios diarios ha ido aumentando y se encuentra con una incidencia acumulada que oscila entre los 750 casos por cada 100.000 habitantes.

 

El desarrollo de las protestas y la desinformación

Todos estos motivos económicos, junto con un alejamiento de las bases sociales más jóvenes del régimen, puesto que no están tan arraigados a la Revolución cubana de 1959, ha dado lugar a estas movilizaciones.

Las protestas comenzaron en el municipio de San Antonio de los Baños, pero pronto se extendieron por todo el país gracias a las redes sociales.

Cuba ha sido uno de los países que más tarde ha extendido Internet dentro de su población. Por ejemplo, no fue hasta 2018 cuando el Gobierno, de la mano de la empresa estatal ETECSA, extendió la red de datos móviles 3G y 4G a todos los hogares de Cuba. Además, solo un 68 % de la población cubana tiene acceso a Internet.

Así, la reciente introducción de Internet ha servido como medio de expansión de las revueltas contra el Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, a través de hashtags como #SOSCuba. La respuesta del Gobierno ha sido el corte de la conexión durante intervalos breves de tiempo, aunque no han servido para frenar el revuelo virtual.

Del mismo modo, los altos cargos del Partido Comunista Cubano, que gobierna el país, han hecho uso de las redes sociales para convocar manifestaciones “en defensa de la Revolución” y acusar a EE.UU. de influir en la convocatoria de las protestas.

No obstante, todos estos espacios públicos de difusión de noticias también se han llenado de información falsa por parte de los dos bandos. Por un lado, los manifestantes reacios al gobierno han creado numerosos bots para una mayor rapidez en la expansión de información. Mientras, los medios de comunicación afines al régimen se han encargado de crear una imagen violenta de los manifestantes.

A pesar de todo lo acontecido durante los días de protesta, la calma ciudadana parece volver a Cuba. La ausencia de organización política de las movilizaciones y su desarrollo no parecen augurar la caída del régimen de Cuba y no desencadenará cambios bruscos a corto plazo, aunque puede provocar la aceleración de reformas.

“Hay que aprovechar este momento de tranquilidad para que los revolucionarios en Cuba hagamos una reflexión profunda de por qué una parte de la población pobre asumió determinada postura contra la Revolución y, a partir de ahí, empezar a trabajar”, explicaba un joven cubano al medio de comunicación teleSUR.

 

Venancio Sánchez-Cambronero. Redactor.

“El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz, para que la gente vea cómo las cucarachas corren a esconderse”. Ryszard Kapuściński

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