El mazo de un juez como símbolo de la Justicia. Imagen: MiamiAccidentLawyer vía Pixabay.
- El motivo de la reapertura de la investigación es la agencia Viajes Ceres, que fue querellada en 1991 por alzamiento de bienes, cohecho y estafa
- El Partido Popular presentó el recurso contra la prescripción indebida de los delitos, declarada por la Audiencia Provincial de Madrid en 2019
El pasado 1 de febrero, la Sala II del Tribunal Supremo estimó la querella del Partido Popular contra el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, que decretó el caso sobreseído, es decir, paralizó el proceso. En el procedimiento judicial se investigaba si la empresa Viajes Ceres había declarado o no a Hacienda más de 12 millones de euros en subvenciones del Imserso.
La agencia Ceres fue elegida por concurso público para organizar los viajes del Imserso entre 1989 y 1991, por lo que recibió en torno a 7.000 millones de pesetas (42 millones de euros). El cerco judicial sobre la sociedad comenzó con una querella interpuesta por la Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera (ENATCAR), que, como acreedor, reclamó el pago de una deuda.
Viajes Ceres, por aquel entonces, no pudo hacer frente a la deuda tras declararse en quiebra. Sin embargo, ENATCAR continuó el proceso contra los administradores de la agencia y, más tarde, se descubriría que Viajes Ceres había sido vaciada por completo. Alrededor de 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros) habían ido a parar a empresas ligadas al entramado de Filesa.
A pesar de este descubrimiento, la investigación se paralizó entre 2009 y 2015 debido a la falta de avances, por lo que el Juzgado de Instrucción 26 de Madrid decretó el sobreseimiento del caso por prescripción de los hechos.
No obstante, el Tribunal Supremo ha ordenado reabrir la causa tras aceptar el recurso del Partido Popular, en el que se alegaba que la prescripción de los delitos se produjo antes de la determinación del objeto del juicio. Por lo tanto, “no es posible conocer la concreta imputación para determinar los términos que pueden dar lugar a la prescripción del hecho delictivo”, tal y como razona el Alto Tribunal en el escrito.
El Supremo reconoce que el juzgado instructor sí había señalado las imputaciones en 2018, mediante un procedimiento abreviado pero insuficiente. “Los trámites se limitan a determinar la imputación fáctica de los hechos y la incriminación genérica de los tipos penales(… ) Sin embargo, para materializar la progresión es preciso una mayor determinación del objeto del progreso”, afirma la sentencia de la Sala Penal.
El caso Filesa, al completo
En octubre de 1997, el Tribunal Supremo declaró que el Partido Socialista Obrero Español financió las campañas de las elecciones generales y europeas con fondos ilegales. El, por aquel entonces, partido de Felipe González desvió en torno a 1.200 millones de pesetas (7,2 millones de euros) para la caja B de aquellos comicios.
Esta maniobra se llevó a cabo mediante empresas pantalla como Zeuxis y Eusis, relacionadas con Time Export S.A., y mediante el Apartahotel Aguamar, también dentro del entramado Filesa.
El grupo Filesa se dedicaba, teóricamente, al asesoramiento empresarial, pero el Supremo demostró que la entidad estaba siendo utilizada para, mediante el pago de informes irreales e inexistentes, justificar la financiación indebida del partido socialista.
Entre los condenados por el caso Filesa figuran tres altos cargos del PSOE: el entonces senador, Josep María Sala; el diputado del PSC, Carlos Navarro; y la coordinadora de finanzas del partido, Aída Álvarez. Además de los directivos de Filesa: Luis Oliveró y Alberto Flores.
Todos ellos fueron condenados a penas de entre 3 y 11 años, aunque Flores, Oliveró y Navarro, con las penas más altas, fueron indultados por el Gobierno de Aznar en el año 2000. El caso Filesa también acabó con la carrera del juez instructor Mariano Barbero, que renunció a su cargo tras denunciar haber sufrido presiones frente a una campaña de críticas provenientes del PSOE.
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