Maqueta de casas. Imagen de Tiago Rodrigues vía: Unsplash.com.
- Esta norma incluye medidas como la regulación del alquiler y el Bono social joven
- Madrid y Málaga no aplicarán la ley mientras que Alicante, Baleares y Canarias, sí
El martes pasado 5 de octubre, PSOE y Unidas Podemos hicieron un amago de la primera Ley de Vivienda en España. Este acuerdo ha supuesto la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, un tema pendiente que llevaba en el tintero del Gobierno de coalición muchos meses. Se ha resuelto debido a que Unidas Podemos ha ligado su apoyo a los presupuestos con esta norma.
La ley tiene un carácter voluntario, es decir, el Gobierno no la aplicará directamente de forma obligatoria, sino que serán los ayuntamientos y autonomías quienes decidirán si la cumplen o no. No hacerlo, no supondrá ninguna sanción.
Una de las medidas innovadoras para el público joven es el denominado Bono social para jóvenes, que consiste en una ayuda de 250€ mensuales para jóvenes entre 18 y 35 años durante un máximo de dos años . Una de las condiciones indispensables es obtener rentas menores a 23.725 € anuales. La ley añade que el bono podrá complementarse con otras subvenciones directas al alquiler en los casos de las familias más vulnerables.
Por otro lado, los ayuntamientos tendrán la opción de subir el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) de las viviendas no ocupadas un 150%, con el objeto de que los caseros no las tengan vacías. Para que el ayuntamiento pueda solicitarlo el propietario ha de cumplir ciertos requisitos, como el de poseer cuatro o más viviendas deshabitadas.
El aumento del impuesto se distribuye de manera que el 50 % lo carga el ayuntamiento, el otro 50 % se cobra a la persona cuando tenga una vivienda que lleve más de dos años vacía. El último 50 % se cobraría exclusivamente si se tienen más de dos viviendas vacías en el mismo municipio.
Asimismo, se establecen normas de control para limitar el precio de los alquileres en las zonas donde están más altos y descontrolados. Esta medida está en manos de las autonomías.
Además, Podemos ha adelantado que se regulará el alquiler de las viviendas de los grandes propietarios. Una de las trabas que se ha encontrado el Gobierno a la hora de desarrollar esta normativa es decidir qué se considera un gran propietario. Al final, se ha establecido que se debe tener más de diez propiedades. No obstante, solo se aplica a las personas jurídicas, por lo que los individuos con más de diez inmuebles no se ven afectados por la norma.
Qué gobiernos van a aplicar la normativa
Aún hay muchos Gobiernos que no se han manifestado ante la nueva ley debido a su temprano anuncio. Sin embargo, Ayuntamientos como los de Madrid y Málaga ya han adelantado que no la aplicarán. “Si el Gobierno obliga a que haya un recargo del 150 % tendrá que imponer esa obligación y si lo impone, será un ataque a la propiedad privada y a la autonomía local. Si lo mantiene en términos opcionales, Madrid no lo aplicará”, ha declarado José Luis Martínez-Almeida, actual alcalde del Ayuntamiento de Madrid.
Por otra parte, Alicante, Baleares y Canarias declararon que sí ejecutarán la norma. Cataluña aún tiene sus dudas, debido a que tiene su propia legislación sobre el tema, por lo que supondría una sustitución.
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