Parte superior de la fachada del Congreso de los Diputados. Imagen: Victor F. vía Pixabay.
- La iniciativa de la CUP pretendía una reforma del Código Penal para poder juzgar los crímenes franquistas en base al derecho internacional
- El Partido Popular, Vox y Ciudadanos también rechazan la proposición de Ley, ya que consideran que vulnera los principios de legalidad e irretroactividad
El Congreso de los Diputados rechazó el pasado martes, 15 de marzo, la proposición de Ley que pretendía un cambio en el Código Penal para juzgar los crímenes del franquismo por el derecho internacional. La iniciativa, que había sido llevada al Pleno por la Candidatura de Unidad Popular (CUP), contaba con el apoyo de los partidos nacionalistas, Unidas Podemos y Más País.
El objetivo del texto era incorporar al Código Penal un artículo para que los delitos de lesa humanidad fueran retroactivos y no pudieran prescribir. Con esta reforma, los crímenes de la dictadura franquista podrían ser juzgados como delitos de genocidio o de lesa humanidad, sin importar si se cometieran antes o después de la legislación.
El principio de irretroactividad del Derecho consiste en que las leyes no se pueden aplicar a casos que hayan sucedido antes de su entrada en vigor. Y es por eso por lo que el PSOE ha manifestado su negativa a la iniciativa. “Esta proposición de ley pretende establecer una excepción al principio de irretroactividad de las leyes penales”, ha afirmado el diputado socialista Indalecio Gutiérrez.
Sin embargo, ha querido remarcar su compromiso con las víctimas del franquismo y ha asegurado que “nadie tiene más muertos en fosas comunes y en cunetas que el PSOE y Unión General de Trabajadores”. También ha aprovechado para pedir el apoyo de la Cámara Baja a la ley de memoria democrática, que actualmente se encuentra paralizada en el Congreso.
Según la circular del Pleno, “los hechos están claramente prescritos y es en fecha mucho más avanzada cuando se establece la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad”. La declaración hace referencia al 1 de octubre de 2004 como la fecha en la que los delitos de genocidio dejaron de ser prescriptibles.
El Partido Popular ha seguido la línea argumental del PSOE y ha destacado que “esta proposición no tiene nada que ver con la democracia ni con la justicia”. Además, también ha criticado a los partidos que han votado a favor y les ha acusado de querer “manipular la legalidad internacional, destruir la Transición y poner patas arriba la legitimidad de la democracia”.
Por su parte, Vox ha señalado que es “imposible jurídicamente” saltarse el principio de irretroactividad y que “no se puede juzgar en España lo que no se podría juzgar como crimen en el Tribunal Internacional”. Asimismo, Ciudadanos ha afirmado que los partidos firmantes “están tan ocupados con los dictadores muertos que no saben qué hacer con los vivos, como Maduro o Putin”.
La defensa de la iniciativa ha sido llevada a cabo principalmente por Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV). Desde Unidas Podemos han declarado que “o se está con las víctimas o se está con los victimarios” y han afirmado que “esta ley no le pide cuentas a la dictadura sino a la democracia, que es la que encubre los crímenes”.
Para el PNV y ERC no existe quebrantamiento ninguno del principio de legalidad porque “este principio queda cubierto por existir ya estos delitos en el derecho internacional”. Mientras que Junts per Catalunya ha pedido que “sea el derecho internacional el que prevalezca, no el interno”.
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