De izquierda a derecha: Vanessa Lillo (UP), Ana Dávila-Ponce de León (PP), Matilde Díaz (PSOE) y Diego Figuera
(Más Madrid). Imagen: Abro Comillas.
- El debate tuvo lugar en Vicálvaro (Madrid), en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos
- En él han participado políticos de Cs, PSOE, UP, Más País y el PP
La tarde de ayer, miércoles 27 de octubre, en el campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), la asociación estudiantil Politikós organizó un debate a cinco sobre la situación de la salud mental en nuestro sistema sanitario.
En él participaron: José María Antón (exviceconsejero de humanización sanitaria de Madrid por Ciudadanos), Vanessa Lillo (diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid), Diego Figuera (diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid), Matilde Díaz (diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid) y Ana Dávila-Ponce de León (diputada del PP en la Asamblea de Madrid). Fue moderado por el doctor José Luis Pedreira.
Cada uno de los ponentes tenía un minuto y medio de tiempo para exponer brevemente la postura de sus partidos sobre siete temas relacionados con la salud mental en nuestro país:
El ratio psicólogos por cada 100.000 habitantes en España está muy por debajo del de la Unión Europea. ¿Qué cambios se plantean para mejorar la atención de las personas y para disminuir los tiempos de espera?
Todos los participantes coincidieron en que la solución a este problema pasaba por aumentar las plazas MIR (Médico Interno Residente) y PIR (Psicólogo Interno Residente).
Diego Figuera destacó, además, que se deben mejorar los contratos públicos para así hacerlos más atractivos a los trabajadores que se van al sector privado y que también es necesario iniciar planes de reformación de psiquiatras para permitir que estos puedan ejercer, a su vez, de psicólogos.
Ana Dávila-Ponce de León quiso recordar que, aunque coincidía en que era necesario un aumento de las plazas PIR y MIR, el dato de psicólogos por habitante no tenía en cuenta los psicólogos privados y que era algo injusto compararlo con la media de la UE, teniendo en cuenta que la mayoría de los sistemas sanitarios europeos no son completamente gratuitos.
El protocolo de derivación requiere de atención psiquiátrica para poder ser derivado al psicólogo. ¿Qué pensamientos tienen sobre este protocolo? ¿Plantean algún cambio al respecto?
Matilde Díaz planteó, en esta cuestión, la derivación interna en los centros de atención primaria. Vanessa Lillo también puso el foco en la atención primaria, indicando que aquí se produce una gran parte de la demora y que por tanto es una cuestión a reforzar.
El representante de Más País hizo hincapié en la formación de los psiquiatras de cara a que también sepan lo suficiente de psicoterapia. «Más recursos, más información y más formación», sentenció.
Desde el PP se propuso la búsqueda de unos protocolos de derivación más ágiles, que permitan el acceso a psicólogos sin falta de pasar por psiquiatras antes.
España es uno de los países que más ansiolíticos y antidepresivos consume. ¿Es la medicalización, o en este caso la «sobremedicalización», una solución óptima para algunos de los trastornos mentales más comunes? ¿Cuál es su posicionamiento al respecto?
José María Antón explicó que, por la falta de personal, tiempo y medios, resulta mucho más fácil recetar psicofármacos que basar el tratamiento en la terapia. «Estamos obligados a interesarnos por este problema», afirmó.
Diego Figuera señaló que «medicalizar el sufrimiento es un fracaso», dado que «los medicamentos mejoran los síntomas, pero no curan nada». Coincidió también, como lo hicieron los representantes del resto de partidos, en que la «sobremedicalización» es una consecuencia de la falta de personal y, por tanto, de tiempo.
Desde el PSOE, Díaz quiso destacar también la importancia de aumentar el personal en campos no médicos que también influyen sobre la salud mental, como es el caso de los trabajadores sociales. Recordó, además, que muchos trastornos mentales comunes están relacionados con las estructuras sociales, que ayudan a desencadenarlos y perpetuarlos, e indicó que para esto la medicación no es solución.
Así lo defendió también Vanessa Lillo, de Unidas Podemos, quien afirmó que el quid de la cuestión se hallaba en la sociedad. Argumentó que medicalizar la salud mental era, en parte, medicalizar la vida, y que en este sentido hay una gran influencia de las empresas farmacéuticas. Además, no quiso olvidar la alta medicalización que, afirmó, existe en las poblaciones con más dificultades socioeconómicas.
La representante del PP, Ana Dávila, razonó que, en parte, el problema de la medicalización viene por las expectativas de los pacientes que «quieren mejorar muy rápido». También recordó la existencia de enfermedades que no responden a la terapia y para las que son necesarias el uso de psicofármacos.
La mejora de la atención a la salud mental es una de las principales cuestiones a tratar para mejorarla. Sin embargo, no podemos olvidar la importancia que tienen las condiciones materiales de cada una de las personas. ¿Qué proponen al respecto?
El participante de Más País respondió que se debe «atender a algo mucho más transversal» y que se pueden prevenir problemas de salud mental atacando a sus causas y sin necesidad de llegar a la terapia.
José María Antón, de Ciudadanos, mostró preocupación por la imposibilidad de algunas familias para acceder al mercado privado en el campo de la salud mental y propuso que se ofreciesen ayudas a la población para tratar de solucionar este problema.
Desde Unidas Podemos se defendió la creación de un observatorio que permitiese ligar la cuestión de la salud mental con la falta de recursos económicos. Vanessa Lillo también denunció que en el 32 % de los hogares en peligro de exclusión social hay casos de depresión y que esto no puede ser entendido como un problema individual. «Es imprescindible que, frente a la explotación, menos antidepresivos y más revolución», remarcó.
Matilde Díaz se mostró de acuerdo con la postura de Lillo, pero también señaló que hay que buscar la participación ciudadana y poner el foco en los determinantes sociales «como lo hace el Plan de Choque en Salud Mental del Gobierno de España». Propuso la creación de consejos de salud ciudadanos y recordó que «es importante cumplir las leyes, y las leyes establecen que la ciudadanía tiene derecho a la participación efectiva».
A lo largo de los años hemos podido comprobar que existe un estigma al respecto de la salud mental. Es un tema que ha sido considerado tabú, en gran parte por el llamado «efecto llamada». ¿Cómo se puede luchar desde las instituciones públicas contra este estigma y abordar la salud mental con la importancia que se debe?
Frente al estigma que rodea a la cuestión de la salud mental, José María Antón propuso la búsqueda de referentes, especialmente para los jóvenes, que ayuden a romper con estos prejuicios.
El resto de participantes hizo especial hincapié en la importancia de los medios y de eliminar el tabú en las escuelas. Ana Dávila indicó que es importante la intervención de medios y familias, pero que el estigma ya no es el mismo que antes y que la situación está mejorando.
Desde el PSOE se continuó defendiendo la participación social. Así como desde Más País, con Diego Figuera, quien afirmó que «hay que hacer de la salud mental un problema político» y que «cuando algo se pone en común la gente puede hablar de ello».
Las personas mayores son uno de los grupos más afectados por la estigmatización de la salud mental, haciendo frente al problema creciente de la soledad. ¿Qué soluciones plantean a corto y largo plazo?
Vanessa Lillo identificó el origen de este problema en la estructura social que, afirmó, nos conduce al individualismo y, por ello, a la desigualdad y la soledad. Proclamó que hay que ofrecerles tiempo y atención a los mayores, pero que «tener tiempo también son condiciones materiales».
La representante del PP, por su parte, reclamó una mayor cercanía de las administraciones locales que permitiese el apoyo a los mayores. Desde el PSOE también se defendió esto y se afirmó que todo pasaba por un aumento de la cooperación entre las comunidades autónomas y las autoridades locales. También se subrayó la necesidad de aumentar de las redes de apoyo social, a través de la mejora del modelo de sociedad del país.
El representante de Más País hizo en esta pregunta una crítica al Partido Popular, recordando que Carmena había puesto en marcha, durante su gobierno, el primer plan enfocado a paliar los problemas de soledad en personas mayores en Madrid y que Almeida, al llegar a la alcaldía, cerró el programa.
Desde Ciudadanos se discutió que el problema de la soledad en personas mayores surge de una cuestión cultural de desprecio a los ancianos en la que es necesario ahondar.
Hace pocas semanas hemos conocido que el suicidio es ya la primera causa de muerte no natural entre los jóvenes. ¿Cómo pretenden hacer frente a este problema?
En respuesta a esta pregunta, Ana Dávila sacó pecho por el PP y señaló que Isabel Díaz Ayuso ya anunció un plan de prevención del suicidio en la Comunidad de Madrid. Algunos puntos que consideró fundamentales en dicho plan son la presencia de psicólogos expertos en el SAMUR, el aumento de la formación sobre psicología de profesionales como bomberos o policías y la publicación de guías para atender al duelo de los familiares.
Matilde Díaz recordó las medidas tomadas por Pedro Sánchez al respecto, con la creación de un teléfono de urgencias de atención las 24 horas del día para casos relacionados con el suicidio. También reclamó que se aborde el estigma de las conductas suicidas y que esta cuestión no aparezca sólo en debates sobre salud mental porque trasciende a los mismos.
«Estas cosas pasan y, evidentemente, no hay que ocultarlas», afirmó Diego Figuera, de acuerdo con romper el tabú del suicidio. El representante de Más País también defendió que se plantee una estrategia específica para la prevención del suicidio (y que esta no sea solo una parte de la Estrategia del Sistema de Salud Nacional) y que una de las claves para reducir el número de suicidios es mejorar las condiciones de vida de la población. «El suicidio se puede prevenir y para ello hay que invertir en todos los niveles», concluyó.
José María Antón apostó por la formación de escolares y profesores en los centros educativos para la rápida identificación de conductas suicidas.
Vanessa Lillo, por su parte, criticó el incumplimiento de los planes aprobados en la Asamblea de Madrid, poniendo los ejemplos del plan contra las drogas o el plan contra la ludopatía, ya aprobados y en fase de revisión o espera desde hace meses. «No se trata solo de aprobar planes, se trata de cumplirlos», dijo, haciendo referencia a la aparente consenso general que habían mostrado los participantes durante el debate. También señaló, con respecto al suicidio, que «hay generaciones que todavía no han salido de la crisis del 2008 y ya están comenzando a sufrir esta», reincidiendo en la importancia de las condiciones materiales sobre la salud mental.
Una vez terminadas las siete preguntas, se dio paso a las cuestiones planteadas por el público, que fueron respondidas a la vez en cinco turnos para cada uno de los participantes, a modo de conclusión del debate.
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