Parque Natural de Doñana. Imagen: Lanpernas en Flickr.
- Científicos y empresas demandan la “extrema precariedad” de la reserva ecológica más importante de Europa
- El apoyo de PP, Ciudadanos y Vox y la abstención del PSOE dan luz verde a la proposición de ley que amplía 1.461 hectáreas de regadío
Supermercados europeos, organizaciones ecologistas, sociedades científicas y entidades como la Comisión Europea o la Unesco se han manifestado contra la situación de sobreexplotación que sufre el Parque Nacional de Doñana. Tras décadas de usos ilegales de sus aguas, Doñana se encuentra ante un deterioro que requiere medidas. En cambio, el Parlamento andaluz está trabajando en una proposición de ley que legaliza más hectáreas de tierras de cultivo y el Gobierno central dice oponerse, pero no actúa.
El Parque Nacional de Doñana, situado en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, es la reserva ecológica más importante de Europa, donde se encuentran especies emblemáticas como el lince ibérico o el águila imperial. Sin embargo, su acuífero está bajo mínimos y sus lagunas, prácticamente secas.
Esto se debe a que, durante décadas, se ha promovido en sus alrededores una rentable industria agrícola: el negocio de las fresas de Huelva. El problema recae en que, además de los agricultores legales que tienen permisos para extraer agua, hay otros ilegales que roban y cultivan en zonas prohibidas.
Un millar de pozos ilegales han sido creados por campesinos piratas que pinchan el acuífero, sacan el agua y la conducen a las balsas para después transportarla hasta los invernaderos, donde se cultivan las fresas. Así pues, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo responsable de la gestión del agua en la zona, declaró el año pasado la sobreexplotación de Doñana.
Esta situación, que se lleva tiempo investigando y demandando, se ha agitado todavía más debido a la proposición de ley de PP, Ciudadanos y Vox, que pretende ampliar 1.461 hectáreas de regadío en el entorno de Doñana. El pasado 9 de febrero, se le dio luz verde a esta iniciativa gracias al apoyo de los tres grupos impulsores y a la abstención del PSOE, aun con la oposición del Gobierno central. Solo 17 votos de los 109 diputados andaluces fueron en contra, concretamente, de militantes de Unidas Podemos y Adelante Andalucía.
Pese a que un sector considera esta proposición como una “amnistía” para los agricultores que usan pozos ilegales, los grupos propulsores defendieron que “Doñana son también las personas” y que no pueden echarlas, sino regular la situación y dar solución al problema.
Por su parte, Juanma Moreno, presidente de Andalucía, explicó que la ley todavía tardará cerca de un año en tramitarse y aprobarse definitivamente, por lo que habría tiempo de escuchar a todos los afectados.
Y es que son muchas las partes que han mostrado su preocupación en los últimos años, como puede ser la Comisión Europea y la Unesco, ya que Doñana está calificada como Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. Incluso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sancionó al Estado español en 2021 por el deterioro del espacio natural de Doñana y la Comisión ha advertido que puede volver a suceder si no se remedia la sequía.
Las organizaciones ecologistas también han criticado la situación, especialmente World Wildlife Fund (WWF), que lleva décadas trabajando por la conservación de Doñana. Asimismo, amenazó con el lanzamiento de una campaña internacional en contra de las fresas provenientes de esta zona, sin olvidar que el 80 % de las bayas onubenses acaban en supermercados europeos. “Es un ataque directo a Doñana y esto causará una imagen terrible al sector de la fresa”, afirmó Felipe Fuentelsaz, coordinador de agricultura en WWF, sobre la aprobación de la proposición en el Parlamento andaluz. Y, a su vez, reconoció que “pagarán justos por pecadores”, pero que le parece “una desfachatez salvar a unos cuentos ilegales en Lucena y Moguer”.
WWF, además, ha enviado una carta al Gobierno andaluz y nacional en conjunto con 23 supermercados que comercializan fresas de Huelva. Las empresas, entre ellas Aldi o Lidl, aseguran que buscan vender productos elaborados “de manera sostenible” y asegurar así que sus proveedores “minimicen sus impactos ambientales y sociales”. Así pues, señalan que “deben tomarse las medidas adecuadas para garantizar la sostenibilidad de la gestión del agua y el suelo en Doñana a largo plazo” y que “si esto no tiene éxito, la reputación y el desarrollo de la región como zona de abastecimiento están en riesgo”.
Ante este revuelo, la consejera de Agricultura en Andalucía, Carmen Crespo, mantuvo una entrevista el pasado miércoles, 23 de marzo, con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius. El objetivo era trasladarle toda la información de la que dispone el Ejecutivo andaluz sobre el proyecto que se está planteando y aclarar la “campaña de desinformación”. Por ejemplo, con la muestra de “una radiografía exacta del esfuerzo inversor” que está haciendo la Junta de Andalucía.
Asimismo, la consejera andaluza ha asegurado en el Parlamento que la Junta “está cumpliendo con su parte” en cuanto a la sentencia del TJUE, pero “el Gobierno debe asumir su responsabilidad con la directiva Marco de Agua, que es competencia estatal”, ya que el Parlamento no puede establecer concesiones de agua.
Juanma Moreno recordó en rueda de prensa: “Hemos tramitado un proyecto de ley, no un decreto, para que no sea una imposición, sino para escuchar a todo el mundo, para que tomemos la decisión más acertada”. De la misma forma, intentó tranquilizar la situación afirmando que la iniciativa “no está ni en el parque ni en el preparque, sino a 30 kilómetros de Doñana”. Y, además, demandó respuesta del Gobierno central, al que le concierne medidas como los trasvases de la Demarcación del Tinto-Odiel-Piedras para que llegara agua artificial a los agricultores del entorno de Doñana.
Por último, 25 sociedades científicas y 1.109 investigadores han publicado un manifiesto hoy, 25 de marzo, para alertar de la “extrema precariedad” que sufre la biodiversidad de la reserva y oponerse a la proposición de ley del Parlamento andaluz. “Las presiones globales a las que se enfrenta Doñana son alarmantes e insostenibles y cualquier incremento de la superficie de regadío resulta una amenaza que desoye la evidencia científica”, señalan. Además, afirman que la legislación cuenta con “suficientes herramientas” que pueden aplicarse para frenar el deterioro del Parque Nacional de Doñana.
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