Manifestación frente al Congreso de los Diputados.
Imagen: Asociación Estatal de Cine vía Twitter.
- La ley permite reconocer como “independientes” a filiales de grandes empresas
- Las principales asociaciones audiovisuales han firmado un manifiesto en contra
La Ley General de Comunicación Audiovisual fue aprobada el pasado 27 de mayo en el Congreso de los Diputados con el voto a favor del PSOE y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y la abstención de otras formaciones como Unidas Podemos y el Partido Popular. Por su parte, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Vox y Junts rechazaron la norma, lo que sumaba 130 votos favorables, 125 abstenciones y 83 en contra.
Esta nueva norma, que lleva tramitándose desde febrero, permite trasladar la Directiva de la Unión Europea 2018/1808 de Servicios de Comunicación Audiovisual (DSCA) a la legislación española.
La polémica por su aprobación tiene relación con la definición de “productor independiente” que el PSOE modificó con una enmienda. En la nueva versión se considera así a “la persona física o jurídica que no está vinculada de forma estable en una estrategia empresarial común con uno o varios prestadores de servicio de comunicación audiovisual” y “a cambio de una contraprestación los pone a disposición de dicho prestador del servicio de comunicación audiovisual”. La única diferencia reside en que antes, en lugar de ese “dicho” aparecía “un”.
Esta palabra es clave pues, como indican los productores independientes, cualquier productora podría considerarse independiente, incluso las asociadas a las televisiones privadas. Esta variación supone que también puedan optar a las ayudas reservadas al cine independiente.
Las principales asociaciones audiovisuales han presentado un manifiesto conjunto para mostrar su rechazo a la enmienda al artículo 110 presentada por el PSOE. En él afirman: «Es una sentencia de muerte para la industria audiovisual española tal y como la conocemos». Diversas instituciones culturales, así como profesionales del sector han suscrito el documento.
La Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (P.A.P.) y PATE Productores Audiovisuales (la única asociación nacional que incluye productores de cine y televisión independientes) creen que esta modificación provocará que la cuota reservada para productoras realmente independientes (por ejemplo, de un 5 % en plataformas de streaming) se destine a filiales de grandes empresas siempre que estas estén funcionando como productoras de desarrollo para dichas empresas. Es decir, Atresmedia o Mediaset podrán tener contratadas a productoras que sean consideradas “independientes”, a pesar de ser parte de los dos grandes gigantes del sector audiovisual español.
Los grupos afectados temen que con esta ley vaya a “escorar más aún la cadena de valores del lado donde existe mayor concentración de los emisores”, lo que haría a las productoras menos competitivas. Tal es la magnitud de la decisión que no descartan denunciar lo sucedido a nivel europeo y solicitar amparo al Tribunal Constitucional.
Llamamiento de los productores independientes al ministro de Cultura ante la aprobación de la Ley Audiovisual
“Sería la sentencia de muerte para la industria como la conocemos, pone en grave riesgo la variedad de la producción independiente”, @maria_zeta_ desde #Cannes2022 pic.twitter.com/SBic3jxiOb
— El cine en la SER (@ElCineEnLaSER) May 23, 2022
ERC y Bildu rechazaron la norma tras haber sido eliminada la enmienda transaccional que presentaron junto a Unidas Podemos para revertir la anterior definición.
El PP justifica su abstención considerando que “no es una ley que España necesita”, según expresó Cuca Gamarra, secretaria general del partido. Ella misma comentó que “empeora mucho el contexto en el que se estaba desarrollando el mundo audiovisual en muchos aspectos». Sin embargo, la decisión de los populares de no votar en contra ha permitido que saliera adelante de la norma, lo que se ha realizado para evitar una “sanción millonaria” por parte de Europa hacia el país, según argumentan desde el partido.
Sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO) la Unión General de Trabajadores (UGT) y la Confederación General de Trabajo (CGT) también han criticado la nueva ley por responder ante los intereses de los operadores privados en lugar de defender los servicios públicos y el acceso gratuito y universal de los ciudadanos a los sistemas de comunicación.
Cargando ...