La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendiendo los presupuestos de 2022 en el Congreso.
Imagen: Congreso de los Diputados.
- Las cuentas públicas lograron 188 votos a favor de los partidos que apoyaron la investidura
- La tramitación de aprobación de las cuentas públicas ahora continúa en el Senado
La Cámara Baja aprobó ayer, jueves 25 de noviembre, los presupuestos generales del Estado (PGE) con 188 votos a favor, 160 en contra y una abstención del BNG. Estas son las segundas cuentas públicas que logra aprobar el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos.
Los PGE del 2022 salieron adelante con el bloque que apoyó la investidura, es decir, PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, PDeCat, Más País – Equo, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria. Mientras que PP, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, la CUP, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias y el exdiputado de Ciudadanos, Pablo Cambronero, votaron en contra.
Asimismo, a pesar de que el BNG mantuvo intensas negociaciones con el Gobierno para lograr un acuerdo presupuestario, finalmente su diputado se abstuvo.
Los presupuestos suponen una subida del gasto público en un 0,6 % respecto a los de este año y un aumento del 12,7 % respecto al anterior, gracias a los fondos europeos. Además, el 37,3% de los gastos públicos del próximo año se destinarán a hacer frente a las pensiones, que contarán con 171.165 millones de euros, un 4,8% más respecto al año anterior.
Durante las jornadas del martes 23 y miércoles 24 de noviembre, los ministros acudieron al Congreso para defender las partidas que recibirán cada una de sus áreas el próximo año. Aunque ayer asistieron únicamente para arropar a la ministra de Hacienda y presenciar los resultados de las diferentes votaciones de los artículos enmendados de los PGE.
Los presupuestos aún no están aprobados en su totalidad, ya que ahora requieren de la aprobación del Senado. La Cámara Alta cuenta con un mes de plazo para plantear enmiendas al articulado, las secciones o propuestas de veto, que, en caso de ser aprobadas, requieren de la devolución al Congreso para que decida si aceptarlas o no.
El Gobierno desea que el paso de los presupuestos generales del Estado por el Senado sea lo más rápido posible para que, si fuera necesario devolverlos al Congreso, puedan finalizar el trámite a finales de diciembre y entren en vigor el 1 de enero.
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