José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en una rueda de prensa de la Airef en 2014. Imagen: AIReF Comunicación vía Flickr.
- El bloque de investidura respaldó la medida con 179 votos a favor
- La norma pasará a ser tramitada como proyecto de ley para que los grupos puedan presentar sus enmiendas
El Congreso de los Diputados dio luz verde a la segunda parte de la reforma de las pensiones en la sesión plenaria de ayer, jueves 30 de marzo. Esta nueva tanda de medidas completa el proceso de modernización del sistema, iniciado con las ya aprobadas en 2021 tras las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2020. Su objetivo principal es reforzar los ingresos del sistema para hacerlo sostenible durante los próximos 25 años sin recortar los gastos.
Los escaños del Gobierno y la mayoría de sus socios parlamentarios (Unidas Podemos, Esquerra Republicana, PNV, PDeCat, Coalición Canaria, Compromís, PRC, Teruel Existe y Más País) dieron su sí a la reforma, mientras que en la derecha, PP y Ciudadanos votaron en contra y Vox se abstuvo. También se abstuvieron formaciones como Junts Per Catalunya y EH Bildu.
Este pacto surgió de un acuerdo entre el Ejecutivo y los principales sindicatos, Comisiones Obreras (CC. OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT), con un marcado rechazo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que lo tachó de “recaudatorio”.
Durante su discurso, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, subrayó que “el proceso de modernización del sistema, que culmina hoy, permite mejorarlo para una gran mayoría social”, ya que “elimina la incertidumbre de los pensionistas presentes y futuros y, además, pone el foco en mejorar las condiciones de algunos colectivos, como las mujeres, los trabajadores autónomos, los pensionistas más vulnerables, los trabajadores con carreras irregulares o los jóvenes”.
Además de convalidarse, se acordó que el decreto se tramite como proyecto de ley. Así, los grupos parlamentarios podrán incorporar novedades. Por ejemplo, EH Bildu ya acordó con el Gobierno la subida de las pensiones de viudedad para equipararlas a las mínimas y, aunque no votó a favor, sí que facilitó la aprobación de la norma con su abstención en aras de negociar en la tramitación de enmiendas.
Qué incluye este nuevo paquete de medidas
Ambas fases de la reforma, en conjunto, garantizarán la suficiencia de las pensiones con un nuevo marco de revalorización del IPC, y medidas para combatir la brecha de género.
En el plano de la equidad y la solidaridad, el decreto contiene propuestas como la puesta en marcha de un régimen dual del periodo de cómputo para los próximos 20 años, por el que se aplicará a los trabajadores que se jubilen la más beneficiosa de estas posibilidades: los 29 últimos años de carrera, descartando los 24 meses (2 años) peores; o el periodo de cómputo actual (25 últimos años).
La primera posibilidad se desplegará progresivamente durante 12 años a partir de 2026. Esto beneficiará especialmente a los trabajadores con carreras irregulares. Además, se incluyen mejoras en el tratamiento de las lagunas de cotización de las mujeres trabajadoras.
Para blindar el poder adquisitivo de los pensionistas actuales y futuros, se refuerzan los ingresos de la Seguridad Social con distintas propuestas: en primer lugar, con el incremento gradual de las bases máximas y de las pensiones máximas; en segundo lugar, con la creación de una cuota de solidaridad para los salarios más altos que queden por encima de la base máxima. También se reforzará el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que a partir de 2024 crecerá una décima cada año hasta alcanzar 1,2 puntos porcentuales en 2029.
Finalmente, se incluye en el sistema de Seguridad Social a los alumnos que realicen prácticas formativas y académicas incluidas en programas de formación. Se trata de las prácticas realizadas por alumnos universitarios y por alumnos de formación profesional.
Cómo se va a sufragar la reforma
La Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) publicó el pasado viernes 24 de marzo un documento en el que analiza el futuro de las finanzas públicas españolas ante el envejecimiento: Opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones Públicas a largo plazo.
De él se desprenden los siguientes datos: alrededor de un millón de españoles asumirán el grueso del impacto de la subida de las cotizaciones para costear la reforma de las pensiones. En concreto, el 65 % recaerá sobre los salarios de más de 54.000 euros anuales, los que están por encima de la base máxima de cotización en 2023. Este coste, con los datos del PIB de 2022, supondría 7.800 millones de euros. Este segmento de población tendrá que afrontar la ampliación de las bases máximas, las cuotas de solidaridad y la subida generalizada de cotizaciones que afecta a todos los trabajadores a causa del MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional).
El informe añade que los salarios inferiores a esos 54.000 euros soportarán el 35 %, ya que, “aunque sólo se ven afectados por el MEI, son el grupo más numeroso y en el que se concentran la mayoría de los salarios en España”.
Cargando ...