Manifestantes en Lima, Perú. Imagen: Mayimbú.
- El lunes 30 de enero se reconsiderará el anticipo de los comicios
- Perú lleva sumida en protestas desde diciembre, cuando el expresidente Pedro Castillo fue detenido
Ayer, 27 de enero, el Pleno del Congreso de Perú no apoyó la propuesta de Hernando Guerra García, presidente de la Comisión de Constitución de Perú, de adelantar las elecciones a octubre de 2023 y las mantiene para abril de 2024. Al tratarse de una modificación constitucional necesitaba recabar el apoyo de, al menos, 87 votos parlamentarios en dos legislaturas consecutivas o 66 votos ratificados vía referéndum. No obstante, la solicitud de adelanto electoral solo recibió el apoyo de 45 congresistas, frente a los 65 votos en contra y las 2 abstenciones.
A pesar de los resultados, José Williams, presidente del Congreso, informó de que se había presentado una petición de reconsideración. Por ello, el lunes 30 de enero se volverá a debatir en el Congreso la propuesta y se realizará una nueva votación.
La reforma planteaba la celebración de elecciones generales en octubre de 2023, la toma de posesión del nuevo Congreso el 31 de diciembre y la entrada del Gobierno el 1 de enero de 2024. Tal y como dijo Guerra García, esto “es una necesidad para darle un alivio a los ciudadanos y al país”, que lleva envuelto en numerosas protestas y represiones policiales desde diciembre de 2022.
A su vez, se especificaba que tanto el Ejecutivo como el Legislativo gobernarían hasta julio de 2029, como medida excepcional, para retomar la estructura anterior y que se mantuviera la tradición de tomar el mando el día 28 de julio, día de la Independencia Nacional.
¿Por qué se quiere cambiar la fecha de las elecciones?
El pasado 7 de diciembre Pedro Castillo, hasta entonces presidente peruano, fue detenido y encarcelado tras disolver el Congreso sin respaldo institucional. Tras esto Dina Boluarte, hasta ese momento Vicepresidenta, se hizo cargo de la presidencia y asumió las riendas del país.
Esta situación llevó a la ciudadanía a las calles para protestar contra la detención de Castillo. Los manifestantes cortaron carreteras, bloquearon plantas energéticas y provocaron la suspensión de distintos servicios públicos.
Esto provocó el despliegue de las fuerzas de seguridad del país. No obstante, la dura represión policial ha dejado al menos 64 fallecidos hasta la fecha; la Defensoría del Pueblo estima que 46 habrían muerto en enfrentamientos directos con las fuerzas de seguridad. La policía también ha sufrido bajas durante las protestas.
Estas revueltas no solo han dejado víctimas peruanas, sino que ha afectado a otros países. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó de que los cortes de carretera habían impedido que ciudadanos de Haití recibieran la asistencia médica que necesitaban, así como un bebé neonato, como informó Unicef.
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