Yolanda Díaz en la Inauguración de la Reunión de alto nivel sobre la economía social y solidaria en la UE.
Imagen: Delegación del Gobierno en Castilla la Mancha via Flickr.
- El fin de las prácticas extracurriculares y los turnos de noche son algunas de las novedades que introducirá, de ser aprobada, la nueva legislación
- Los sindicatos dieron el visto bueno, pero la patronal se desmarcó del acuerdo tras semanas de ralentización
El Estatuto del Becario, la lucha actual contra la precariedad juvenil, ya tiene luz verde tras seis meses de negociaciones y más de diez reuniones entre la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), el Ministerio de Trabajo y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que finalmente no apoyó el borrador.
La reforma laboral aprobada el pasado diciembre dicta en su disposición adicional segunda el procedimiento a seguir para la elaboración del estatuto, y da a Trabajo un plazo de seis meses desde la entrada en vigor para configurarlo. De esta forma, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, comenzó los trámites en abril de 2022 para modificar el Real Decreto 592/2014 por el que se regulan las prácticas académicas externas.
En caso de su aprobación, este sería el primer Estatuto del Becario de la historia de España.
La figura del becario: beneficiosa pero abusada
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera las becas tanto públicas como privadas facilitadoras de la transición entre la escuela y el mercado laboral, y que la figura del becario es beneficiosa no sólo para los jóvenes, sino también para las empresas. No obstante, en sus últimos estudios sobre empleo juvenil la OCDE advierte del riesgo de que se abuse de este modelo.
Este exceso es una realidad, ya que se calcula que hay, pese a la inexistencia de un censo de becarios, 1,4 millones de jóvenes en prácticas sin contrato al año, y medio millón con un contrato regulado pero sin cobrar. España es el país donde hay más becarios titulados y donde están peor pagados, con compensaciones insuficientes para cubrir el coste básico de la vida.
Eduardo Magaldi, portavoz de la organización juvenil de UGT, RUGE, subrayó que cada vez los becarios asumen más responsabilidades y una producción que no les corresponde. También recordó que, desde 2018, la Inspección de Trabajo descubrió casi 5 mil falsos becarios.
El Estatuto: nuevos derechos y obligaciones
La propuesta del Gobierno contempla novedades en los derechos para los estudiantes en prácticas, y obligaciones para las empresas contratistas.
En primer lugar, el Estatuto del Becario supondría el fin de las prácticas extracurriculares: establece que los contratos de prácticas no podrán salir del currículum académico, así que deberán hacerse mediante convenio con la universidad o centro de formación profesional.
En su lugar, las prácticas no vinculadas a un plan de estudios adoptarán la modalidad de contrato formativo, una opción que existía pero no se usaba tanto porque “existía una opción con menos derechos y costes”, explicó Magaldi.
Por otro lado, la nueva normativa establece que los estudiantes no podrán superar el 20 % del total de la plantilla de la entidad: “Poniendo límite al número de alumnos por número de plantilla, se acabará con modelos de empresas que tenían hasta un 70 u 80 % de integrantes becarios”, continuó el portavoz sindical.
Otro cambio notable es que los becarios no podrán, salvo casos excepcionales en los que la propia práctica lo requiera, trabajar en horarios nocturnos. Además, tendrán derecho a paro, a cotizar en la Seguridad Social y a que se respeten sus días de descanso (incluyendo festivos y vacaciones correspondientes).
El proyecto contempla el caso de que las prácticas no sean remuneradas o no existan becas que las cubran. Si esto se da, la empresa deberá hacerse cargo de la compensación de todos los gastos del becario (desplazamiento, alojamiento o manutención). La cuantía dependerá de cada escuela o empresa pero, de todas formas, el Estatuto considera que “a la persona becaria no le puede costar dinero ir a su centro de formación”.
Se recoge, además, el derecho del becario a una “adecuada” tutorización de sus prácticas, de forma que las empresas deberán designar tutores que coordinen y sigan el itinerario formativo. De aprobarse la nueva legislación, la tutorización se limitaría: en empresas con más de 30 trabajadores un mismo tutor no puede tener a más de cinco personas en prácticas a su cargo; en el caso de empresas de menos de 30 empleados, se reduce a tres.
El doble filo de la nueva normativa
Nicolás Hernández, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), señaló la problemática de que desaparezcan las prácticas extracurriculares ya que, advierte, hay muchas titulaciones sin prácticas académicas en sus planes de estudio.
“No se garantiza que todo el mundo vaya a poder seguir teniendo acceso a las prácticas. Está bien garantizar derechos, pero no sirve de nada si no van a poder acceder a las becas porque no se les va a ofertar. Al final el perjudicado va a ser el estudiante. Y, sinceramente, creemos que no se va a hacer lo de los contratos de formación a no ser que haya un incentivo real desde el Gobierno porque las empresas no van a querer hacer esa inversión”, reconoció el presidente de la CREUP.
Muestran, también, preocupación por la situación de las prácticas en la Administración Pública, un 70 % de las becas que se cursan. Desde la Coordinadora sacan a relucir las limitaciones de las entidades públicas para ofrecer compensaciones a sus becarios sin haberlas previamente presupuestado. “El peso de la reforma se ha puesto en lo privado cuando es lo público donde está el foco de fraude, ya que son los que no suelen pagar absolutamente nada”, subrayaron desde la CREUP.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), expresó su rechazo a la propuesta en un comunicado del pasado 18 de octubre. “Es imposible justificar que, si el objeto de dicho proyecto normativo es la regulación de las prácticas académicas (universitarias), todo se esté decidiendo en el marco del Diálogo Social que protagonizan en exclusiva Gobierno, sindicatos y patronales”, explicaron en el documento.
Los rectores apoyan ciertas novedades del Estatuto, como la de acumular días y meses cotizados. No obstante, subrayaron su preocupación por la desaparición de las prácticas extracurriculares por las mismas razones de la CREUP (la discriminación entre los estudiantes que podrán empezar a sumar cotizaciones y los que no).
A pesar de todo, tachan la normativa de “incomprensible laboralización de una actividad pura y esencialmente académica”, y opinan que “respecto de la situación actual, no se aprecia ventaja material alguna”.
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