Restos del tren Alvia de Renfe, accidentado el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela.
Imagen: Contando Estrelas vía Flickr.
- El Ministerio Público pedirá solo la condena del maquinista, mientras que las víctimas mantienen en pie ambas acusaciones
- La jueza podrá dictar sentencia a partir del 27 de julio, más de 10 años después del suceso
El fiscal responsable del caso Alvia, Mario Piñeiro, dio marcha atrás ayer martes en la acusación contra el exdirector de Seguridad en la Circulación de Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Andrés Cortabitarte. No obstante, mantiene los cargos contra el maquinista, Francisco José Garzón, al que sitúa como único culpable del descarrilamiento de un tren en Santiago de Compostela hace ya casi 10 años.
El extrabajador de la empresa pública ADIF seguirá sentado en los banquillos, puesto que las víctimas aún mantienen ambas acusaciones, contra Cortabitarte y contra Garzón.
El Ministerio Público cambió su decisión con la apertura de la fase final del juicio. En un inicio, la Fiscalía pidió cuatro años de cárcel para el conductor y para el ex alto cargo, pues entendía que este último debería haber “evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad”.
Tras la comparecencia de ayer, Mario Piñeiro declaró que se confunden “las causas con las consecuencias”, cuando lo que se está juzgando es “por qué se produjo” y no “cómo podría haberse evitado el accidente”.
El propio fiscal entendió que ADIF no defraudó la norma en relación con la seguridad ferroviaria, aunque reconoció la complejidad a la hora de evaluar los hechos: “En una situación de esta naturaleza, interpretable y complicada, no se puede ser rotundo”.
Las acusaciones del organismo público prevalecen ahora solo contra el maquinista, para el que piden cuatro años de cárcel por imprudencia profesional grave. Francisco José Garzón atendió una llamada telefónica durante más de 100 segundos con el interventor de la estación, quien se encarga de ayudar a los pasajeros en el embarque y la salida del tren.
La distracción provocó que no pudiese frenar al llegar a una curva la cual rebasó a más del doble de velocidad y desembocó en el descarrilamiento del tren. “Este accidente se explica causalmente por el comportamiento del maquinista”, detalló Piñeiro.
Consideró que el maquinista y el interventor “se pusieron a hablar sin sentido”, aunque se estaban organizando para facilitar la bajada de una familia de pasajeros en la estación de Pontedeume (A Coruña).
El tren Alvia pasó por esa curva con una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora por una zona de señalizada a 80. Basándose en los argumentos de la Abogacía del Estado (defensora de ADIF), el diseño del tramo tenía “una seguridad del 100 %” que incluso hubiese permitido tomarlo a 160 kilómetros por hora.
Las víctimas del accidente no se han mostrado de acuerdo con la nueva línea argumental adoptada por la Fiscalía. El presidente de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, ha sostenido que la única explicación es que se pretende “librar a la administración” de cualquier responsabilidad. “Ha quedado más que afianzada la responsabilidad de Cortabitarte [tras el juicio]”, opinó el representante.
La plataforma de víctimas mantiene la responsabilidad penal para el maquinista, para quien piden cuatro años, pero también para el exdirector de Seguridad en la Circulación, a quien elevan su pena a seis años. La Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del ALVIA de Santiago de Compostela (APAFAS), en la misma línea, reclama en su acusación popular cuatro años para los dos imputados.
10 años después: un solo perdón
El accidente ferroviario sucedió el 24 de julio de 2013 en un tren Alvia que conectaba Ourense con Santiago de Compostela. La excesiva velocidad al atravesar la curva de A Grandeira provocó el descarrilamiento del tren. 80 personas fallecieron y otras 145 resultaron heridas.
Fuente: La Vanguardia (2022). https://t.co/QFXZJ0RFZv pic.twitter.com/KEWkU3mOBG
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Las primeras investigaciones imputaron al maquinista superviviente, Francisco José Garzón, como único responsable tras la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). El acusado fue el único en pedir perdón desde el principio a las víctimas y sus familiares.
Sin embargo, un informe de la Agencia Europea del Ferrocarril en 2016 determinó la falta de independencia y el “conflicto de intereses” que envolvió al CIAF. La comisión estaba formada por Renfe y ADIF, ambas partes implicadas en la resolución del juicio.
Las empresas ferroviarias han seguido de cerca las acusaciones no solo por la pérdida de prestigio, sino por el perjuicio económico que deberán asumir sus aseguradoras: QBE, en representación del maquinista (Renfe) y Allianz por parte de Cortabitarte (ADIF). En función de quien sea declarado culpable, deberán hacer frente a un pago mínimo de 57,6 millones de euros por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil. A esta cifra se podrían añadir una mayor cantidad por las reclamaciones de las familias.
El documento de la Unión Europea también aquejó la falta de “análisis del diseño de la línea” y “cómo se evaluaron los riesgos” de la línea ferroviaria. El organismo dependiente de la Comisión Europea permitió reabrir de nuevo la instrucción del caso e incorporar al exdirector de Seguridad en la Circulación, Andrés Cortabitarte, como imputado.
Varios maquinistas avisaron en su momento de la falta de señalización de necesidad de frenado, como balizas, y el fin del sistema de seguridad ERTMS, que termina poco antes de iniciar la curva del accidente mortal. Todo ello es competencia de ADIF, a lo que también ayudaron las prisas del exministro de Fomento, Pepe Blanco (PSOE), por inaugurar la línea 082 en 2011.
Desde el accidente, se han sucedido otros cinco ministros, pero no ha caído responsabilidad penal sobre ninguno de ellos. Ni siquiera sobre Ana Pastor, en el cargo durante el suceso, y quien luego fue señalada por las víctimas por poner trabas para reabrir la investigación.
“No se puede acusar a los exministros José Blanco y Ana Pastor de cometer 80 homicidios imprudentes, pero sí hay muchas responsabilidades políticas y muchas respuestas que tienen que dar en el Congreso”, sentenció Jesús Domínguez, presidente de la plataforma, hace cinco años en el Congreso de los diputados.
Por la sala de vistas han pasado 522 testigos, 21 testigos/peritos y 126 peritos, más otras 446 personas perjudicadas que protestan desde fuera. El caso, reabierto tres veces hasta 2020 y que comenzó su juicio oral en octubre de 2022, llega a su fin. Desde el próximo 27 de julio, el juez Fernández Currás podrá dictar sentencia a uno de los juicios más mediáticos de España en su historia reciente.
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