La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz durante la sesión de control al Gobierno del 20 de octubre de 2021. Imagen: Congreso de los Diputados.
- La mesa de diálogo social debatirá nuevos cambios la próxima semana
- El 31 de diciembre es la fecha límite para aprobar los cambios en el mercado de trabajo y presentarlos a la Unión Europea
La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado hoy, jueves 4 de noviembre, que habrá una “propuesta nueva” de la reforma laboral de cara a la reunión de la próxima semana de la mesa de diálogo social. Tal y como ha explicado en el XX Congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), se incorporarán las distintas “contribuciones y conversaciones que están teniendo lugar”.
La nueva iniciativa surge tras las polémicas declaraciones del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, que criticó la poca “seriedad” del Gobierno y el “ruido mediático”.
“Cuando estamos hablando de la reforma laboral, están encima de la mesa papeles que Europa no está pidiendo”, recalcó Antonio Garamendi en referencia a la supuesta tasa máxima del 15 % de temporalidad que se baraja establecer.
La CEOE, junto con otras corporaciones, forma parte de la patronal en la mesa de diálogo social, que también incluye a sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO). Además, el nuevo formato incluyó a varios representantes de ministerios como el de Seguridad Social, Asuntos Económicos, Hacienda y Educación, que se unieron al de Trabajo.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, sigue a la cabeza de unas negociaciones que entran en la fase decisiva, como afirman varios miembros del Ejecutivo. “Nuestro objetivo tiene que ser que en el curso de noviembre lleguemos a un acuerdo con los agentes sociales”, declaró Nadia Calviño.
El objetivo es presentar la reforma laboral completa antes de finales de año para cumplir con las exigencias de la Unión Europea y poder recibir la ayuda 12.000 millones de euros del fondo de recuperación.
Aspectos clave de la reforma laboral
A pesar del acuerdo de coalición de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos (UP), que habla de “derogar la reforma laboral” y del uso de este mismo término por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, todo apunta hacia medidas más laxas.
De hecho, la propia Yolanda Díaz aclaró ayer, 3 de noviembre, a La Sexta, que “técnicamente” no se puede derogar totalmente la reforma laboral de 2012 del Partido Popular (PP). Por tanto, las medidas tienden más hacia una derogación parcial de algunos artículos y la introducción de nuevos. “Vamos a cambiar algunas normas de ese Real Decreto, pero vamos a hacer mucho más”, continuó la ministra de Trabajo.
El marco de trabajo para llevar a cabo la reforma laboral es el Componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que cuenta con la aprobación de Europa. A partir de ahí se podrán concretar diversos detalles, siempre que cuente con un acuerdo en la mesa de diálogo.
El Plan de Recuperación centra sus cambios en la reducción del “desempleo estructural, del paro juvenil y de la temporalidad”. Asimismo, pretende acabar con la “dualidad”, que muestra la inestabilidad de los que se incorporan al mercado de trabajo, frente a la seguridad laboral de los ya asentados. Por último, busca la “modernización de la negociación de convenios y mejorar la eficiencia de las políticas públicas de empleo”, entre otras cuestiones.
Sin embargo, todavía quedan numerosos aspectos que concretar y que están generando discrepancias entre la patronal, los sindicatos y el propio Gobierno.
La principal controversia gira en torno a la temporalidad. El Gobierno fijó en el borrador un máximo del 15 % del número de contratos de este tipo para todo el país; pero la patronal, con la CEOE al frente, no está de acuerdo con esta cifra. Tampoco parece convencer a la otra parte.
Aun así, el Ministerio de Trabajo plantea en el Plan de Recuperación la simplificación de los contratos en indefinidos, temporales y de formación (o prácticas), así como el endurecimiento de los motivos por los que se recurre a contratos de duración limitada. El objetivo no es otro que reducir la temporalidad en España, que se situó el año pasado en el 24,2 %, frente al 13,5 % medio europeo, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Otro de los factores claves es la recuperación de la ultraactividad. Cuando un convenio entre trabajadores y empresa caducaba, se prorrogaba indefinidamente hasta el negocio de uno nuevo. Con la reforma del PP, tan solo se extiende un año, por lo que, pasado ese plazo y si no se ha llegado a un acuerdo, se regirá por convenios de ámbito superior, como el del sector al que pertenezca la empresa.
En relación con esto, también se pretende que los convenios sectoriales se impongan sobre los de la propia empresa, pero con excepciones, para reequilibrar el poder entre los grupos de presión. De esta forma, los pactos entre sindicatos y patronos en cada sector primarían frente al de la empresa particular, en especial, en términos de salarios y jornadas laborales.
Por último, el Ministerio de Trabajo quiere mejorar y regular las condiciones laborales de los trabajadores de empresas y subcontratas. Esto viene a decir que si una empresa de un sector deriva parte de su tarea a otra entidad de una sección productiva diferente, se aplique el convenio existente para esta última.
Aparte de estas cuestiones, hay otras medidas controvertidas de la reforma laboral del PP del 2012 que Yolanda Díaz aseguró que no se van a abolir. Es el caso de las indemnizaciones por despido, en las que se mantiene el pago de 33 días por cada año trabajado; frente a los 45 días previos a la reforma de Mariano Rajoy.
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