Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, en rueda de prensa.
Imagen: Pool Moncloa/Borja Puig.
- La norma prohibirá el “pin parental” en la educación
- Los sindicatos solicitan garantías para los nuevos permisos laborales de conciliación
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 13 de diciembre, el Anteproyecto de la ley de Familias, que se enviará al Congreso de los Diputados para su tramitación. “Una ley que tiene por objetivo revertir unas carencias históricas en la protección de las familias”, aseguró Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.
La norma, impulsada por el ministerio que dirige la líder de Podemos, se sustenta en cuatro pilares: la protección social a las familias y el apoyo a la crianza; el derecho a la conciliación laboral y familiar; el reconocimiento de todas las familias; y la protección de los menores y adolescentes.
Belarra aseguró: “Una norma que está recogida en el acuerdo de Gobierno. Y también, que atiende a numerosas recomendaciones que habíamos recibido por parte de la Comisión Europea, que señalan que España debía de hacer mayores esfuerzos para ayudar y proteger a todas las familias”.
La ley hará permanente la renta crianza de 100 euros al mes para las familias que tengan hijos de 0 a 3 años. Esta medida, presente en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, tendrá carácter permanente en todas las cuentas públicas aprobadas por el Ejecutivo a partir de ahora. Además, las madres con contratos a tiempo parcial o temporales podrán ser beneficiarias de esta ayuda. “Esta medida va a beneficiar a entre 200.000 y 250.000 nuevas madres”, aseguró la ministra en rueda de prensa, según los cálculos de su departamento.
“Las mujeres jóvenes no tienen más hijos no porque no quieran, sino porque no se lo pueden permitir”, afirmó la titular de Derechos Sociales en la rueda de prensa.
La ley de Familias equiparará los derechos de las familias numerosas a las monoparentales con dos o más hijos a su cargo. Esto supondrá que las familias “monomarentales” puedan beneficiarse de la reducción de tasas educativas, facilidades a la hora de recibir becas o descuentos en el transporte, los cuales pueden llegar a la gratuidad.
El anteproyecto permite que las familias que se encuentren temporalmente en situación de monoparentalidad, como consecuencia de la entrada en prisión de uno de sus progenitores o por el ingreso médico superior a un año de uno de los padres, también puedan beneficiarse de las ayudas de familias numerosas.
El Gobierno crea tres nuevos permisos para los trabajadores. La norma reconoce cinco días de permiso retribuido para los empleados que deban cuidar de un familiar de hasta segundo grado o a un conviviente. Además, el permiso de ausencia por fuerza mayor familiar se aumenta a los cuatro días remunerados.
En 2023, tras la aprobación del anteproyecto, los padres podrán gozar del permiso paternal de seis semanas, que en 2024 se ampliará a ocho semanas. La autorización está pensada para momentos como el fin de curso, que, según la ministra, es una “pesadilla para las familias” poder conciliar.
Los permisos para los trabajadores no han sido bien recibidos por los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) y defienden que se debe asegurar que sean “remunerados” y cuenten “con todas las garantías laborales”.
“La legislación española ha sido pensada para el modelo tradicional de familia”, afirmó Belarra. Para revertirlo, el Ejecutivo continúa impulsando la equiparación de derechos entre matrimonio y parejas de hecho, ya que la norma reconoce 15 días de permiso para las nuevas parejas de hecho. “Esta ley va a generar un nuevo marco de reconocimiento y protección para las familias LGTBI, con algún miembro con discapacidad, las familias múltiples o acogedoras”, añadió la ministra de Derechos Sociales..
“Con esta ley no se podrá aplicar el pin parental o cualquier otro mecanismo que cercene el derecho de la infancia y adolescencia a participar en actividades que hablen sobre la diversidad familiar”, declaró Belarra. La ministra asegura que el último pilar de la norma es la protección de los niños y los adolescentes, puesto que pretende garantizar el desarrollo de su libre personalidad.
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, asegura que con esta norma se demuestra que la actividad del Ejecutivo “no culmina” y es muy “productiva”. Ione Belarra, por su parte, aseguró: “Cumplimos con la gente, con la ciudadanía y con todas las familias”.
CCOO y UGT critican la norma porque “se está estableciendo sin negociación con los interlocutores”. Asimismo, afirman que va contra lo establecido en la directiva europea de conciliación.
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Excelente exposición de esta iniciativa legislativa tan necesaria.
Gran trabajo!!!