El acto institucional con motivo del Día de la Constitución de 2021 en Madrid.
Imagen: Congreso de los Diputados.
- Los ciudadanos españoles aprobaron el texto jurídico por votación el 6 de diciembre de 1978
- Con el paso de los años, son muchas las voces críticas que abogan por reformar la Constitución
El Congreso de los Diputados ha participado hoy, lunes 6 de diciembre, en un acto institucional para celebrar los 43 años de vigencia de la Carta Magna de 1978. La presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, ha pronunciado el discurso habitual de esta fecha en Madrid a las 12.00 horas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha estado presente en la ceremonia del Día de la Constitución, proclamado fiesta nacional. “Tenemos que cuidar nuestra Constitución, lo que significa cumplir todos los artículos de esta”, declaró el líder del PSOE.
La mayoría de diputados han acudido a la celebración, junto con otras autoridades Aun así, los miembros de los partidos nacionalistas de Cataluña, País Vasco y Galicia se han ausentado.
La importancia de la Constitución de 1978
La Carta Magna de 1978 fue uno de los puntos clave de la Transición española y sirvió para asentar las bases legales de la democracia en el país. De esta forma, el texto dictamina que España se constituye como una monarquía parlamentaria, en la que el rey ejerce como jefe de Estado, pero queda supeditado al poder legislativo y ejecutivo.
También proclama que España es un “Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, así como reconoce la soberanía nacional del pueblo.
Estas definiciones otorgan a los ciudadanos una serie de derechos y obligaciones, como la igualdad ante la ley, a excepción del rey, que figura como persona “inviolable” . Todo ello supuso el paso a una democracia plena y se dejó atrás cerca de 40 años de dictadura franquista, en la que los ciudadanos apenas carecían de derechos y libertades.
No obstante, el camino estuvo plagado de dificultades que denotaron la inicial fragilidad de la situación cambiante en el país. El rey Juan Carlos I, elegido por Franco, decidió abandonar la senda dictatorial, aunque desde la legalidad franquista. Junto a él, se encontraba Adolfo Suárez , quien ocupó el puesto de presidente del Gobierno en julio de 1976.
El político castellanoleonés llevó a las Cortes dos decisiones fundamentales: la Ley para la Reforma Política (1977), que legalizó todos los partidos políticos; y la Ley de Amnistía (1977), que conllevó la liberación de numerosos presos políticos, pero dejó sin sanción los crímenes de la época franquista y los atentados de ETA hasta entonces.
Los españoles ratificaron a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno tras la victoria de Unión de Centro Democrático (UCD) en las elecciones del 15 de junio de 1977 con un 34,44 % de votos. A partir de entonces, el Gobierno y las otras formaciones políticas se reunieron para elaborar la nueva Carta Magna en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas.
Los siete padres de la Constitución española de 1978.
Dicha junta estaba formada por siete diputados, considerados los padres de la Constitución. De pie, de izquierda a derecha: Gabriel Cisneros Laborda (UCD), José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo (UCD) y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD). Sentados, de izquierda a derecha: Miquel Roca i Junyent (Minoría Catalana), Manuel Fraga Iribarne (Alianza Popular, posterior PP), Gregorio Peces-Barba Martínez (PSOE) y Jordi Solé Tura (Partido Comunista de España, PCE)
Finalmente, las Cortes aprobaron la Constitución el 31 de octubre de 1978 y el pueblo la refrendó el 6 de diciembre de ese mismo año, con un 91,81% a favor. Sin embargo, no fue hasta el 29 de diciembre cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), previa sanción del monarca, Juan Carlos I.
Tiempos de cambio
La Constitución marca unos principios generales de todo el funcionamiento del Estado, según la pirámide de Kelsen. De ella se derivan el resto de leyes y solo el derecho de la Unión Europea se encuentra por encima.
Muchos partidos políticos abogan por aplicar reformas en el texto jurídico para actualizarlo a la nueva realidad sociopolítica. Las principales discusiones giran en torno a la inviolabilidad del rey, más aún tras su polémica salida del país, y a la sucesión al trono, pues Leonor, hija de Felipe VI, no podría ser reina en el supuesto de que tuviese un hermano menor.
Otras controversias surgen alrededor de la debatida independencia de Cataluña, frente a “la indisoluble unidad de la nación española”, o la sustitución del término “disminuido” por “persona con discapacidad”.
Sin embargo, la renovación de cualquiera de los aspectos de la Constitución parece lejana, pues se necesita una mayoría de tres quintos o dos tercios, en función del artículo a modificar, en Congreso y Senado.
Tan solo se ha modificado la Carta Magna en dos ocasiones y por exigencias europeas: para introducir el sufragio pasivo de los extranjeros en las elecciones municipales (1992) y para fijar un máximo de déficit público estructural (2011).
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