Grupo de independentistas catalanes. Imagen: Fotomovimiento en Flickr.

  • En 2017 se declaró la inconstitucional independencia de Cataluña. Pero, ¿por qué es ilegal? ¿Desde cuándo se llevaba construyendo? ¿Qué pasó, y qué pasa, con Carles Puigdemont?

El procés no se comenzó a labrar hace cinco años, sino hace 40. Carles Puigdemont fue el president que finalmente celebró el referéndum ilegal en Cataluña, aunque no quien puso la primera piedra del camino.

Ya advirtió Josep Tarradellas, expresidente de la Generalitat y militante de Esquerra Republicana, de la “dictadura blanca” que se estaba tramando. Pero ni Cataluña ni el Parlamento ni Moncloa reaccionaron, ni reaccionan, contra el nacionalismo.

España y su democracia pagarían las consecuencias en el otoño de 2017. Leyes inconstitucionales aprobadas, una consulta al pueblo sin seguridad ni garantías democráticas, una declaración ilusoria de independencia y una sociedad corrompida.

Bajo el eufemismo del “derecho a decidir” se esconde una vulneración a la soberanía nacional. Y, en octubre de 2017, no quedó más opción que aplicar, por primera vez en la historia, el artículo 155 de la Constitución para garantizar la legalidad y la convivencia.

Puigdemont, conocedor de la gravedad de sus actos, tardó tan solo tres días en huir y, a día de hoy, sigue sin haber sido juzgado por la Justicia. Tras dos detenciones y tres órdenes de captura, el futuro del expresident sigue siendo una incógnita.

 

El punto de partida del procés
La génesis del proceso soberanista catalán no viene de la mano de Carles Puigdemont, sino de la de Jordi Pujol. En el momento en el que el entonces líder de Convergència se convirtió en presidente de la Generalitat, en 1980, se comenzó a sembrar un claro objetivo: la independencia de Cataluña.

Él y su partido pretendían infiltrar las ansias independentistas en la sociedad para que, en dos generaciones, se alcanzase la meta. Así, Pujol organizó su programa ideológico “para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana”. Utilizaría la educación y los medios de comunicación como sus dos armas fundamentales, las cuales continúan siéndolo en la actualidad.

Defendía que había que “introducir gente nacionalista en todos los puntos clave de los medios de comunicación”. De tal forma, creó TV3, la cadena televisiva catalana cuyo mapa meteorológico no es el de la Comunidad Autónoma, sino el de los “Països Catalans” (Cataluña, Comunidad Valencia, Baleares y sur de Francia), donde se ha llegado a quemar una Constitución española en directo y cuyo director acabó imputado por su implicación en el referéndum del 1-O, entre otras cosas.

Además, perseguía la introducción de contenidos nacionalistas en las aulas. Se enfocó en “vigilar la composición de los tribunales de oposición” para todo el profesorado e “incidir en las asociaciones de padres” con el fin de alcanzar “la correcta cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza”.

Utilizó la lengua como instrumento fundamental de “construcción nacional” con el propósito de transformar la normalización del catalán en un modo de exclusión del castellano. “En mi época de estudiante, de 30 horas lectivas semanales tenía solo dos de castellano e inglés, y el resto en catalán como única lengua vehicular. Una sociedad bilingüe no puede ni debe tener una escuela monolingüe”, comentaba Albert Rivera, expolítico barcelonés, en su libro Un ciudadano libre.

Paso a paso se llegaría al 20 de diciembre de 2010, día en el que Artur Mas sería investido como presidente de la Generalitat. Habló de un “proceso de transición nacional”, es decir, trató explícitamente la emancipación de Cataluña. Y siguió esa línea durante su mandato.

Pero sería durante la presidencia de Puigdemont, concretamente en el otoño de 2017, cuando se haría la falsa consulta al pueblo y la posterior inoperante declaración de independencia.

 

Se advirtió, pero no se reaccionó
Josep Tarradellas, quien tras volver del exilio llegó a ser presidente de la Generalitat a finales de los setenta, consiguió pactar con Adolfo Suárez, entonces jefe del Gobierno, y reestablecer la autonomía catalana. Asimismo, él, que era miembro de las filas catalanistas de Esquerra Republicana, avisó de lo que se tramaba en los ochenta. “Hay una dictadura blanca muy peligrosa. No asesina, ni mata, ni mete a la gente en campos de concentración, pero se apodera del país, de este país”, aseguró Tarradellas. Y se preocupó especialmente por cómo se estaba rompiendo la sociedad en Cataluña ante la presencia de una “política discriminatoria que no se ve, pero que existe”.

En lugar de combatir los separatismos, tanto el catalán como el vasco, todos los sucesivos Gobiernos desde la transición han sido permisivos y han pactado con los independentistas.

Sin ir más lejos, se evidencia en la actualidad. Pedro Sánchez ocupa el cargo de presidente del Gobierno gracias, en parte, al apoyo nacionalista, y eso requiere algo a cambio. Por ejemplo, la concesión de los indultos a los acusados por el procés, es decir, el haberlos sacado de la cárcel antes de cumplir la condena establecida por los jueces.

Sin embargo, este trato es impensable en otros países, como Francia o Alemania, donde se tiene muy asumido que los movimientos nacionalistas son una amenaza evidente para la democracia.

 

1-O: un golpe a la democracia
El 1 de octubre de 2017 marcó un antes y un después en la historia reciente de España. Se celebró, o más bien se fingió, un referéndum secesionista en Cataluña que corrompió el orden público. Tomó la forma de falsa consulta, ya que se impulsó de manera ilegal y sin ningún tipo de garantía democrática para la ciudadanía.

Ya se adelantó dos meses antes, el 6 y 7 de septiembre, cuando se aprobaron en el Parlament las inconstitucionales “leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica”. La oposición trató de replicarlas y defender la legalidad, pero se les silenció y terminaron abandonando la Cámara.

El rey, Felipe VI, intervino el 3 de octubre con el que ha podido ser el discurso más significativo de su paso por la jefatura del Estado. “Sé muy bien que en Cataluña hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten les digo que no están solos, ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles, y la garantía absoluta de nuestro Estado de derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos”, pronunió el monarca.

El mensaje caló en los constitucionalistas catalanes, que se manifestaron el 8 de octubre utilizando el mensaje de “no esteu sols, no estáis solos”. Ese día, un millón de personas ondearon centenares de banderas de Cataluña, España y Europa por las calles de Barcelona.

 

El mal llamado “derecho a decidir”
“La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Así lo recoge el artículo 2 de la Carta Magna.

Y es que, por mucho que los independentistas hablen de su “derecho a decidir”, la soberanía nacional reside en el pueblo español, en su conjunto. Recae sobre 47 millones de personas, no sobre territorios. Por ello, los ciudadanos de una Comunidad Autónoma no pueden decidir por todos los españoles. Es decir, los habitantes de cuatro provincias no pueden tomar una decisión, que afecta a todo un país y a su norma suprema, por los que viven en las otras 46.

Ni la Constitución española, ni ninguna otra en el mundo, excepto la de Etiopía, contempla esta cuestión como legítima.

Tampoco Cataluña podría efectuar la independencia a través del derecho de autodeterminación, ya que es un concepto jurídico reservado para los pueblos colonizados y oprimidos. La comunidad catalana es una de las regiones con más autonomía política de Europa y sus ciudadanos gozan de los mismos derechos que el resto de sus compatriotas.

 

Ocho segundos de “independencia”
La engañosa consulta del 1-O no quedó ahí. Nueve días más tarde, el 10 de octubre de 2017, Carles Puigdemont declaró la secesión de Cataluña. “Señoras y señores: con los resultados del referéndum del 1 de octubre, Cataluña se ha ganado el derecho a ser un Estado independiente”, afirmó el entonces presidente de la Generalitat.

Tan solo ocho segundos después, retrocedió diciendo: “El Govern y yo mismo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada”. Y el Parlament respondió, el 27 de octubre, con la proclamación de la “República catalana”.

 

El 155: su primera aplicación en la historia
Ante este incumplimiento de la Constitución, solo quedó una opción: aplicarla. En concreto, el artículo 155, que permite al Gobierno, previa autorización del Senado, adoptar las medidas necesarias para asegurar los derechos y las libertades de los españoles cuando las autoridades de una Comunidad Autónoma los estén vulnerando.

“Le digo a todos los españoles, a todos los catalanes, que estén tranquilos, que las cosas se harán bien”, aseguró Mariano Rajoy, presidente del Gobierno en ese momento, una vez aprobada la medida en la Cámara Alta. “España es un país serio, es una gran nación, y no estamos dispuestos a que algunas personas pretendan liquidar nuestra Constitución y nuestras normas de convivencia”, añadió.

De esta forma, el mismo 27 de octubre de 2017 se cesó al Gobierno de Puigdemont, se sustituyó por otro provisional propuesto por el Gobierno de España y se fijaron unas nuevas elecciones autonómicas. Algo que nunca antes se había tenido que hacer.

Los catalanes acudieron a las urnas el 21 de diciembre de ese mismo año, de manera legal y con garantías democráticas, para elegir a los miembros de su Parlamento. El partido que recibió mayor número de votos fue Ciudadanos, grupo constitucionalista. Asimismo, la suma de los apoyos a las fuerzas políticas no separatistas supuso el 53 % del total, más de la mitad.

 

Y, ¿qué hizo Puigdemont?
Huir. El ya expresident, Carles Puigdemont, tardó solo tres días en fugarse tras declararse la independencia en el Parlament. Se marchó a Bruselas (Bélgica), donde recibe el apoyo de los independentistas de la Región Flamenca. Ese mismo día, la Fiscalía anunció una querella por rebelión, sedición y malversación de fondos contra él y 13 miembros del Gobierno catalán.

El 2 de noviembre no se presentó en Madrid para declarar y, al día siguiente, Carmen Lamela, magistrada de la Audiencia Nacional, dictó la primera orden internacional de detención contra Puigdemont. El catalán optó por acudir frente a la Justicia belga, que lo dejaría en libertad condicional mientras se resolviese la euroorden. Pero Pablo Llarena, magistrado del Tribunal Supremo, ya instructor de la causa, retiró la petición ante el miedo de que Bélgica no lo quisiera entregar por delito de rebelión –delito que castiga a quienes se alzan violenta y públicamente para, entre otros objetivos, alcanzar la independencia–.

Llarena volvería a activarla en marzo de 2018, cuando Puigdemont se encontraba haciendo una campaña independentista en Finlandia. El expresident se apresuró en abandonar el país nórdico y, finalmente, lo detuvieron en Alemania. Sin embargo, los alemanes solo lo entregarían por delito de malversación, sin recoger el más grave, el de rebelión, por lo que el magistrado del Supremo se negó a detenerlo con estas limitaciones.

El expresident, Carles Puigdemont. Imagen: Chatam House en Flickr

Más tarde, en octubre de 2019, se dio a conocer la sentencia del procés, por la que se condenó a prisión a los 13 miembros del Govern implicados en el 1-O. El fallo recogió que los delitos cometidos fueron los de sedición –delito contra el orden público y la aplicación de las leyes, pero sin requerir violencia– y malversación –delito cometido cuando un funcionario emplea dinero o bienes para una función a la que no están destinados–. Así pues, la euroorden se reactivó ese mismo día con la justificación de estos dos actos delictivos.

No sería hasta el 23 septiembre de 2021 cuando Puigdemont fue detenido de nuevo, esta vez en Cerdeña (Italia). Los jueces italianos congelaron el proceso de extradición a la espera de una respuesta de la Justicia europea. El Tribunal de Justicia de la UE todavía tiene que responder a la cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Supremo español, tanto en lo relativo al alcance y las condiciones de la euroorden, como a la inmunidad que pueda tener, o no, Puigdemont como actual eurodiputado.

Hoy, por tanto, el caso está en suspenso hasta que Europa tome una decisión al respecto.

 

Macarena Hortal. Redactora.

“Decís vosotros que los tiempos son malos. Sed vosotros mejores, y los tiempos serán mejores: vosotros sois el tiempo”. Agustín de Hipona