Exhumación de cuatro personas en Elgoibar (Gipuzkoa) en junio de 2012. Imagen: EAJ-PNV Gipuzkoa.

  • El Gobierno abrió el pasado noviembre el debate sobre la ley de memoria histórica, pero el proceso se ralentizó para priorizar otras promesas como las pensiones o la reforma laboral
  • Sin embargo, detrás de la retórica y los procesos gubernamentales, hay familias doloridas buscando a sus antepasados

“Esta cuneta fue, durante 64 años, la fosa anónima de trece civiles republicanos, víctimas de la represión franquista”. Es la inscripción que, como la del abuelo de Emilio Silva, podría leerse en al menos 1.065 fosas comunes más.

El antepasado de Emilio Silva, actual presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), fue el protagonista de la primera exhumación llevada a cabo mediante métodos científicos en España. Su familia, sin saberlo, abrió la veda para la recuperación de una realidad silenciada: la existencia de fosas clandestinas, con miles de asesinados, como consecuencia de la represión franquista.

Fue el 21 de octubre del 2000 cuando se exhumó a “los trece de Priaranza”, en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo. Todos fueron ejecutados la noche del 16 de octubre de 1936 y no sería hasta seis décadas después cuando sus cuerpos viesen la luz.

Este es el relato que narró el periodista Emilio Silva en su artículo Mi abuelo también fue un desaparecido. Como él mismo escribió: “Hay muchas fosas repletas de hombres sin nombre. (…). Hay mucha gente que no soporta recordar y eso no quiere decir que hayan olvidado”.

A partir de entonces, comenzó en España el proceso científico de identificación y apertura de fosas para la exhumación de sus restos, que ya había registrado 4.516 fosas, abierto 785 y recuperado más de 9.698 individuos, según los datos del informe encargado por la Dirección General para la Memoria Histórica al antropólogo forense Francisco Etxebarría.

 

La represión del silencio
1975 fue el año de la caída de la dictadura franquista. Pero no cayó, sino que calló.

Nadie habló por los civiles asesinados y ocultos en fosas comunes. Nadie fue capaz de romper la clandestinidad de estas. Solo hubo algunos intentos durante la transición democrática española por recuperar la memoria de las víctimas, pero estas exhumaciones no quedaron, ni han quedado, registradas.

Actualmente, las cifras que ofrece el Ministerio de Justicia tampoco son fidedignas, pues faltan muchas fosas intervenidas por inscribirse. Esto únicamente ahonda en la problemática estrategia llevada a cabo por los Gobiernos españoles de todo el siglo XXI en políticas de la Memoria Histórica.

“El inventario y censo de fosas comunes es incompleto y, por ende, está desfasado, lo que lo hace una fuente no fiable”, así lo indican las conclusiones del informe de Francisco Etxebarría. Esta tarea la han asumido como propia las asociaciones y proyectos nacidos de la ciudadanía como todoslosnombres.org y pares.mcu.es.

Incluso los propios datos que ofrece el Gobierno en su página web difieren. 2.200 es la variación de fosas totales según si se consulta en el mapa o en el buscador del Ministerio de la Presidencia.

Así, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), constituida en diciembre del 2000, ha sido la encargada, durante 21 años, de presionar a los gobiernos con el objetivo de que esta tarea se convierta en una “cuestión de Estado”.

La ARMH fue la responsable de que se incrementasen las exhumaciones de manera paulatina entre el 2001 y el 2002. La cooperación con la Sociedad de Ciencias Aranzadi fue fundamental en la labor. 

A partir del 2003, las universidades comenzaron a tomar parte en este ámbito. La implicación del mundo académico se vio como un avance, no solo por contar con más recursos, sino por la movilización de un sector clave en la sociedad. Sin embargo, la participación no se mantuvo en el desarrollo posterior de las exhumaciones.

Durante los siguientes tres años se alcanzó una media de 28 fosas exhumadas al año, una cifra inferior a la alcanzada en el inicio del proceso en 2003: 41 fosas.

No fue hasta 2007 cuando el ritmo aumentó considerablemente. Durante ese año no solo se igualó el número de fosas de 2003, sino que además se aprobó la Ley 52/2007, más conocida como ley de memoria histórica.

La propuesta fue acogida por parte del Congreso como una forma de hacer justicia, así lo creía la formación política Izquierda Unida. La posición opuesta, como la del Partido Popular, solo entendía la norma como una forma de reabrir viejas heridas.

Otra de las medidas adoptadas por el Gobierno fue la publicación en 2011 del Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, cuyo objetivo era marcar unos criterios científicos en el proceso.

La ARMH, por su parte, no tuvo más que aceptar su capacidad limitada para influir en el proceso de creación de dicha ley, pues desde el colectivo se insistió en que no era suficiente. Denunciaron que no se agilizaba el proceso de búsqueda de los desaparecidos y tampoco se aplicaba una política de exhumaciones.

Los años sucesivos hasta 2012 fueron un gran empuje para la recuperación de las víctimas, llegando a fijar el máximo histórico en 2009 con un total de 88 fosas abiertas y 3.225 víctimas recuperadas.

Estos datos se vislumbraban esperanzadores para el movimiento memorialista, pero la llegada al poder del Partido Popular en 2012 marcó un fuerte retroceso.

 

Tanto pides, tanto vale
Si ya en 2012 la partida presupuestaria dedicada a Memoria Histórica se redujo en un 60 % (hasta 2.5 millones de euros); entre 2013 y 2020, se convirtió en inexistente.

Por ende, la recuperación de los restos de personas desaparecidas quedó en manos de los familiares de las víctimas. A partir de entonces, no podrían recurrir a las subvenciones que el Estado ofrecía a las asociaciones. Así es como el crowdfunding, entre otros métodos, se ha mantenido hasta la actualidad como principal financiador de la labor.

La ausencia de financiación y la delegación en manos de asociaciones y comunidades crearon el caldo de cultivo idóneo para la caída histórica en el número de exhumaciones desde el inicio del proceso: 13 en 2013.

A partir de 2014, se unieron a la tarea algunas comunidades autónomas, las cuales lideraron el proceso de exhumación mediante la creación de políticas y planes propios. La libertad de las regiones en este terreno provocó que el empuje institucional fuese desigual.

Mientras que Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura fueron las que más exhumaciones realizaron, otras como Asturias se limitaron a señalizar estos lugares. En el otro extremo se encuentran territorios como Cantabria o Madrid, donde la ausencia de promoción institucional y la escasa demanda social crearon un ambiente de inmovilización.

Los datos avalan la relación entre la ausencia de partidas presupuestarias y el descenso en el ritmo de recuperación. Entre 2006 y 2012, periodo en el que hubo subvenciones, la media de exhumaciones anual era de 59. En cambio, desde 2013 y hasta 2019, cuando no hubo, el indicador bajó hasta las 36 al año.

Gráfica

Gráfico de elaboración propia en base a los datos del informe Las exhumaciones de la Guerra Civil y la dictadura franquista 2000-­2019

Ha de tenerse en cuenta que la asignación presupuestaria no es aplicada directamente por el Gobierno, sino que el Ejecutivo convoca unas ayudas para las organizaciones. En su traducción: el Gobierno central no asume esta tarea desde las instituciones públicas.

Silva, presidente de la ARMH, ha criticado en más de una ocasión dicha decisión: “Esto no debería ser una subvención: el derecho a una sepultura digna es un derecho, lo que tiene que pasar es que el Estado lo garantice”.

La organización lleva años reclamando la creación de una oficina nacional para atender a las familias. “Pedimos que se establezca una oficina de carácter estatal, accesible para las víctimas, que centralice la gestión de estos procesos de búsqueda y que se asegure en todo caso la actuación de las autoridades judiciales”, anunció Silva en el programa de radio La Cafetera.

La demanda de la ARMH es posible y su presidente ha puesto de ejemplo organismos autonómicos públicos como el Instituto Navarro de la Memoria, el cual se encarga de la exhumación de desaparecidos durante la Guerra Civil sin necesidad de convocar ayudas.

A pesar de las condiciones adversas del movimiento memorialista, 9.698 individuos han sido recuperados de 785 fosas entre el 2000 y 2019, según el citado informe de Etxebarría. Una cifra que no supone ni la mitad de los cuerpos que, se estima, quedan por exhumar si se tienen en cuenta los datos de la tesis de Fernando Serrulla, presidente de la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense.

Solo un 0,2 % de los asesinados por la represión franquista han sido identificados genéticamente. ¿Un 0,2 % sobre cuántos? ¿Cuántas personas fueron asesinadas?

De los cuerpos que siguen ocultos en fosas comunes, posiblemente, podrían ser identificados entre 5 y 7.000 individuos. Siempre y cuando se cuente con el adecuado apoyo institucional. Pero ¿se cuenta con él?

 

Garzón y De Greiff
Baltasar Garzón y Pablo de Greiff son algunos de los nombres que han marcado, indirectamente, el avance por el movimiento memorialista en España.

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comenzó en septiembre de 2008 a recabar información sobre los fusilados, desaparecidos y enterrados en fosas comunes a partir del golpe de Estado de 1936.

Su objetivo no era otro que acumular los datos suficientes para decidir si admitía o no a trámite las denuncias que presentaron particulares, el sindicato de la Conferencia Nacional del Trabajo (CNT) y hasta 22 asociaciones dedicadas a la recuperación de la Memoria Histórica.

Para ello, solicitó todos los datos existentes al Centro Documental de la Memoria Histórica, a la Dirección General de registros y del Notariado, a la Conferencia Episcopal, a la abadía Del Valle de los Caídos y a los ayuntamientos de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, así como al rectorado de la Universidad de Granada.

Y, por último, se dirigió a la Comisión Interministerial de víctimas de la Guerra Civil del Gobierno, la cual elaboró un informe sobre el asunto en 2006. Sin embargo, este organismo solo pudo concluir que había “dispersión de enterramientos por toda la geografía de España, cuyo número y ubicación precisa aún se desconocen”. El texto, de más de 90 páginas, también apuntó a una “inexistencia de un censo de personas desaparecidas”. Datos que no extraían en conclusión nada que no fuese ya de conocimiento público.

El 16 de octubre de 2008, Garzón emitió un auto de 152 páginas en el que no solo se declaró competente para investigar las desapariciones, sino que además autorizó la apertura de 19 fosas. Entre ellas se encontraba la de Alfacar (Granada), donde se encontraron los restos del poeta granadino Federico García Lorca.

Dicha decisión generó una gran oposición en el país, pero la más importante fue la de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que interpuso un recurso de apelación contra esta. 14 de 17 votos fueron los que avalaron que el juez no tenía competencia para investigar dichas desapariciones.

Uno de los argumentos para impedirle proseguir con la investigación fue la Ley de Amnistía de 1977, la cual contempla la amnistía sobre los actos de intencionalidad política tipificados como delitos y faltas realizados antes del 15 de diciembre de 1976.

El asunto pasó al Tribunal Supremo y, en septiembre de 2009, Garzón presentó una nueva resolución judicial por la cual se le consideraba competente para ello. En cambio, en 2010 el Supremo admitió la querella en contra presentada por la Falange Española de la JONS. Ese sería el inicio del fin de Garzón como juez de la Audiencia Nacional.

El mismo año, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) inició los trámites para la suspensión cautelar de funciones del juez. Tras varios recursos desestimados, el magistrado Luciano Varela ordenó la apertura del juicio oral contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo.

El fallo: el Consejo General del Poder Judicial suspendió definitivamente al magistrado Baltasar Garzón de sus funciones.

Para muchos, como indicó el historiador Julián Casanova, la investigación de Garzón supuso el primer paso para “poner en marcha una especie de comisión de la verdad”. Silva, por su parte, anunció su propósito en 2010: “Queremos demostrar que no eran desapariciones aisladas, sino un método sistematizado para eliminar al enemigo. Un delito de lesa humanidad”.

Así, Garzón fue el primer cargo judicial en investigar los crímenes del franquismo y en dar una cifra de víctimas: 114.226 desaparecidos.

Mientras el exjuez intentó responder a “¿cuántos?”, Pablo de Greiff se encargaba de evaluar el apoyo institucional. O más bien, la actuación estatal como país democrático en relación con la transición.

El Relator Especial para la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de la ONU visitó en marzo de 2014 el país con el propósito de realizar un informe. Lejos de elogiar a España, denunció el incumplimiento de los compromisos adquiridos mediante tratados internacionales en materia de derechos humanos.

“Un país como España no puede seguir midiendo la fortaleza de su democracia a partir de su capacidad para silenciar temas como su pasado reciente”, sentenció.

Evidenció lo que, actualmente, sigue ocurriendo: “No se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad”. Hace referencia a la Ley 52/2007, que delega en los familiares y organizaciones la responsabilidad de los proyectos de exhumación. “La ‘privatización’ de las exhumaciones también alimenta la indiferencia de las instituciones del Estado, incluyendo las autoridades judiciales”, añadió.

Lo más insignificante de la visita del relator es la clave para entender al movimiento memorialístico. De Greiff apuntó a la “gran distancia entre las posiciones de la mayor parte de las instituciones del Estado, por un lado, y, por otro, las víctimas y asociaciones”.

Esta no es más que la brecha existente entre las autoridades, creedoras de que las demandas de las víctimas y asociaciones son mayoritariamente atendidas, y el sentimiento de las familias, insuficientemente considerado.

“Es particularmente preocupante considerando que las expectativas expresadas por muchas víctimas no pueden caracterizarse de desmedidas”. Así lo indicaba el informe de De Greiff.

Y así se puede responder a si tiene España el apoyo institucional necesario, no solo para la identificación de las víctimas, sino para su dignificación y el cierre de la herida de muchos españoles.

 

La exhumación del olvido
Tras 13 años ignorando las demandas de las asociaciones de Memoria Histórica, PSOE y Unidas Podemos prometieron impulsar una nueva norma jurídica que acabase con la desmemoria. El acuerdo entre ambos partidos consiguió presentar el anteproyecto de ley, que ha sido muy criticado desde entonces. 

El texto, que consta de 66 artículos divididos en cinco títulos, contempla la creación de “un programa de exhumaciones de las víctimas del franquismo”, la devolución de los bienes expoliados a sus legítimos titulares y la eliminación de la simbología franquista y prohibición de “la exaltación y enaltecimiento del franquismo”.

El Gobierno ya cumplió con parte de su compromiso al retirar uno de los grandes símbolos del franquismo en octubre de 2019: los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Asimismo, se propone la declaración de nulidad de las condenas y sanciones que impuso la justicia durante el régimen “por motivos políticos ideológicos de creencia o de orientación sexual, identidad o expresión de género”. Esta propuesta deja impunes los crímenes golpistas, es decir, niega a las víctimas el acceso a la justicia.

Se ignora así la denominada “querella Argentina”, denuncia presentada ante la justicia Argentina en 2010 por la falta de responsabilidades penales por las violaciones de derechos humanos durante la dictadura española.

El acuerdo pretende desarrollar “actuaciones de reconocimiento y reparación” a los represaliados. Se declararía, así, el 31 de octubre como “día de recuerdo para todas las víctimas del franquismo” y el 8 de mayo, el reconocimiento a las víctimas del exilio.

Sin embargo, aún quedan muchos puntos pendientes como el escándalo de los “bebés robados”, la creación de un banco público de ADN para la identificación de las víctimas, la creación de la Comisión de la Verdad o un censo nacional de víctimas.

La tramitación del anteproyecto tuvo lugar el pasado 14 de octubre en el Congreso de los Diputados. A pesar de su aprobación, el PSOE no cuenta ni siquiera con el apoyo de sus socios de Gobierno, Unidas Podemos, quienes apuestan por un endurecimiento de la ley.

El resto de socios preferentes tampoco se muestran de acuerdo. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) presentó una enmienda a la totalidad que no consiguió la mayoría para continuar. El partido independentista reclamó calificar al régimen de Franco de ilegal, indemnizar económicamente a las víctimas y derogar la Ley de Amnistía de 1977, entre otras medidas.

Ante esto, el PSOE se ha mostrado “flexible” para aceptar cambios y mejoras. Esta decisión no tiene otro fin más que ERC, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), la Candidatura d’Unitat Popular (CUP), el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), el Partido Demócrata Europeo Catalán (PdeCat) y Junts per Catalunya permitan su tramitación parlamentaria.

De no contar con el apoyo de estos seis partidos, la aprobación de la ley deberá pasar por un arduo proceso. Sobre todo, contando con que PP y Vox se mantienen totalmente en contra de ella. “Trata de reabrir la vieja y dolorosa división de los españoles entre rojos y azules, que ya se había superado”, comentó el diputado de Vox, José Francisco Contreras.

Pero no se puede abrir una herida que no se había cerrado. No se puede olvidar aquello que se había ignorado. Tampoco se puede creer innecesaria una cuestión que no ha sido resuelta por los dirigentes del país. No se puede creer innecesario hacer justicia.

De nada sirven 11.350.000 euros de presupuesto en 2021 si la labor la asumen las familias y no el Gobierno, pues, como indican las Naciones Unidas: el derecho a la verdad, a la justicia y a obtener reparación y las garantías de no repetición son las bases para la lucha contra la impunidad.

El movimiento memorialista no ha dejado de luchar tras 21 años desde el inicio de las exhumaciones con carácter científico, ni tras 85 desde la guerra civil española.

La prueba está en iniciativas como la de Amnistía Internacional el pasado 14 de octubre en el Congreso de los Diputados. Presentaron más de 327.000 firmas para reclamar que se garantice el respeto, protección y realización del derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

Otra muestra de que el movimiento debe seguir adelante es el aval que reciben por parte de instituciones internacionales desde hace años. La intervención más reciente es del 27 de octubre de 2021, cuando el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU volvió a instar a España a que elimine obstáculos que impiden investigar las desapariciones y búsqueda de personas, así como la creación de un banco de ADN para su identificación.

Volviendo al inicio, a “los trece de Priaranza”, a Mi abuelo también fue un desaparecido, es necesario recordar las palabras de Silva: “Hay muchas fosas repletas de hombres sin nombre. Hay muchas personas que sobreviven al miedo. Hay mucha gente que no soporta recordar y eso no quiere decir que hayan olvidado. Por eso es necesario hacer ruido, para que despierte de nuevo la memoria y abandone ese sueño que la ha mantenido dormida durante tantos años”.

España ha demostrado ser un país comprometido con su gente y con sus antepasados, pues ha sido el pueblo el que ha impulsado la lucha memorialista. Ahora solo debe dejar de ser un país, en parte, desmemoriado. El recuerdo es lo único que tienen muchos familiares.

Está en la “voz” de todos ofrecer justicia y sanación.

 

Mª Luisa Muñoz. Jefa de redacción y redactora.

“Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas”. George Orwell