Ursula Von der Leyen en su discurso sobre el estado de la Unión Europea del pasado 14 de septiembre.
Imagen: @EU_Comission via Twitter.

  • Esta pretensión abarcará todos los productos manufacturados con trabajo forzado sin importar su procedencia
  • El proyecto es parte de un plan de combate contra esta forma de esclavitud de la era moderna

La Comisión Europea reveló el pasado miércoles, 14 de septiembre, su intención de prohibir en el mercado de la Unión los productos manufacturados como resultado del trabajo forzoso. Además, la propuesta también pretende impedir que estos bienes se redirijan a países sin prohibiciones establecidas o sin capacidad para investigar su proceso productivo.

Sin señalar a ninguna industria, empresa o país en particular, estas medidas abarcan todo resultado de un trabajo forzado, con independencia de su lugar de manufactura. “Nuestro objetivo es eliminar del mercado de la UE todos los productos obtenidos con trabajo forzoso, independientemente de dónde se hayan elaborado. Nuestra prohibición se aplicará tanto a los productos nacionales como a las exportaciones e importaciones.”, explicó Valdis Dombrovskis, vicepresidente ejecutivo de la Comisión y comisario de Comercio.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo forzoso en el artículo 2 de su Convenio 29 como “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. “Esta propuesta supondrá una verdadera diferencia en la lucha contra la esclavitud moderna, que afecta a millones de personas en todo el mundo.”, añadió también Dombrovskis, señalando los 27,6 millones de personas que, según la OIT, realizaron trabajos forzados en 2021. De estas, 3,3 millones son menores, cifra que asciende a los 11,8 en el caso de mujeres y niñas.

 

El papel de los Estados miembros
Según la propuesta de reglamento que ha publicado la Comisión, las autoridades nacionales de los Estados miembros aplicarían la prohibición mediante un enfoque de ejecución basado en el riesgo. En una fase preliminar se establecería una base de datos pública que contuviera información sobre prácticas, productos y zonas geográficas sospechosas que facilitasen la determinación del riesgo y contribuyesen a centrar esfuerzos.

El objetivo del programa son los productos de alto riesgo. Las investigaciones se iniciarían cuando las autoridades de los Estados miembros considerasen que puede haber trabajo forzado, siempre teniendo en cuenta el tamaño y recursos de la empresa sospechosa, el volumen de productos y la escala del presunto trabajo forzoso.

Las compañías tienen la obligación de colaborar con las autoridades en todo momento. De hecho, si uno de sus productos ya se vende en la UE pero su manufactura ha resultado del trabajo forzoso, deberá ser retirado del mercado. En caso de negación, la ley del país en el que la empresa opera aplicará las sanciones correspondientes.

 

La propuesta: pasado y futuro
Este proyecto presentado por la Comisión tiene como origen el compromiso asumido por su presidenta, Ursula Von der Leyen, en el discurso sobre el estado de la Unión (SOTU) de 2021. La UE promueve el trabajo digno en todos los sectores y ámbitos de actuación, en consonancia con un enfoque global dirigido a los trabajadores en los mercados nacionales, en terceros países y en las cadenas de suministro mundiales. Asimismo, la comunidad internacional se comprometió a erradicar el trabajo forzoso para 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en concreto, el 8.7.

Ahora la medida debe ser debatida y aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de que pueda entrar en vigor. Una vez ratificada, se aplicará a los 24 meses. Por el momento, se trata de una propuesta que ha contado con buena acogida de organizaciones laborales europeas como la Confederación Europea de Sindicatos.

 

El dedo acusador de la Comisión
Pese a que el brazo ejecutivo de la Unión no nombró a ningún país en la propuesta, atiende a una petición del Parlamento Europeo de una ley que en junio puso de manifiesto la preocupación por los derechos humanos en la región de Xinjiang, China.

Los grupos de derechos acusan a Pekín de abusos contra los Uigures, una minoría étnica mayoritariamente musulmana, en Xinjiang, incluidos los trabajos forzados masivos en campos de internamiento. También la Organización de Naciones Unidas denunció estos hechos con un informe publicado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hace apenas dos semanas. Según el documento, el Gobierno chino tiene una historia de opresión hacia esta comunidad por considerarla extremista islámica.

Xinjiang es un importante productor de algodón y materiales para paneles solares, pero incluso Estados Unidos, que acusa a China de genocidio, introdujo una ley en 2021 que prohíbe la importación de productos procedentes de esta región. China, por su parte, niega los abusos y asegura que la publicación del informe podría dañar la cooperación de su país con la ONU.

 

Lucía Ayuso. Redactora.

«¿La muerte del periodismo? ¡Cuidado! ¡Es la muerte de la democracia!». Arcadi Espada