Inauguración de la fosa común del cementerio de Puerto Real como Lugar de Memoria Democrática.
Imagen: Emilio J. Rodríguez Posada.
- La iniciativa puesta en marcha después de casi cuatro años pretende identificar los restos de las fosas comunes de la provincia
- Consulta la tabla de las 72 fosas comunes registradas en Cádiz
- El proyecto cuenta con línea telefónica y correo electrónico para poder contactar con los organizadores
El pasado viernes 1 de abril comenzaron las pruebas de ADN para las personas interesadas en Villamartín. La localidad, donde se ubica la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, es el lugar desde donde más solicitudes de participación se recibieron, según indicaron los responsables de la iniciativa. La Diputación de Cádiz, a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática, es la institución encargada del proyecto de recopilar pruebas genéticas de familiares de represaliados durante el franquismo. El fin es crear un banco de ADN a partir del cual sea posible identificar los restos hallados en diversas fosas comunes.
Las siguientes convocatorias se han anunciado para el 23 de abril de 10.00 a 14.00 en el Salón de Usos Múltiples de la localidad de Espera, para el 30 de abril en Arcos y una fecha aún sin concretar en San Roque.
En la primera jornada se recogieron 53 muestras de vecinos no solo de Villamartín, sino de localidades próximas como Alcalá del Valle, Espera, Bornos o Grazalema. El equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, adjudicataria de esta asistencia técnica, ha mostrado su satisfacción con el inicio del proceso y ha valorado positivamente la campaña de difusión de la Diputación.
Por el momento, la campaña ha aportado beneficios adicionales como son datos sobre la ubicación de dos posibles fosas (una cercana a Prado del Rey y otra en Espera), así como nuevas fuentes documentales y testimonios que facilitan la investigación histórica.
Los organizadores han establecido un servicio telefónico (956 24 01 90) y un correo electrónico (memoriahistoricaydemocratica@dipucadiz.es) para todo aquel interesado en participar.
El programa, además, pretende invertir los términos del proceso de recuperación de los represaliados. Hasta el momento las pautas que se seguían pasaban por la localización, recuperación y posterior identificación de las víctimas, por lo que solo tras intervenir una fosa concreta se procedía a tomar las muestras necesarias. A partir de ahora, este orden se altera al contar con antelación con un banco de datos genéticos de los posibles familiares.
Esta es una medida aplaudida por la comunidad memorialista, pues, como indicaba Irene García, presidenta de la Diputación: “Nos encontramos con dos dificultades: el paso del tiempo vital (en referencia a la avanzada edad de los familiares de primer grado de los represaliados)”.
Jesús Román, arqueólogo en representación de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, adjudicataria de esta asistencia técnica, añadió: “Aunque vamos tarde, queremos llegar al mayor número de personas”.
La puesta en marcha de la recogida del ADN podría ser también un impulso para la identificación de las víctimas que aún quedan por exhumar en la provincia. Según los datos del buscador y mapa del Ministerio de la Presidencia, Cádiz tiene 72 fosas comunes en el territorio.
Sin embargo, las cifras que ofrecen los organismos públicos tampoco son fidedignas, pues faltan muchas fosas por inscribirse en el registro. La problemática con los datos es un asunto que denuncian figuras como el antropólogo forense Francisco Etxebarría: “El inventario y censo de fosas comunes es incompleto y, por ende, está desfasado, lo que lo hace una fuente no fiable”.
Fosas comunes de la provincia de Cádiz. Tabla de elaboración propia. Fuente: Buscador de Fosas del Ministerio
Así, la creación de un banco de ADN a nivel nacional es una prioridad que se contempla con urgencia tanto por parte de las asociaciones, como por parte del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, institución que instó a España en octubre de 2021 a su impulso. Asimismo, el proyecto de ley de memoria histórica presentado por el PSOE lo contempla, pero este lleva paralizado desde octubre.
Han sido necesarios casi cuatro años para que el proyecto se haya iniciado. La proposición impulsada por Izquierda Unida para la creación de un banco de ADN de restos exhumados y familiares de las víctimas fue presentada y dictaminada favorablemente en julio de 2018.
Ahora, el Laboratorio de Identificación Genética de la Universidad de Granada es el encargado de comparar el perfil genético con los fragmentos óseos procedentes de las fosas comunes recuperadas en diferentes municipios gaditanos.
El equipo técnico de Aranzadi, además de convocar las citaciones colectivas en los municipios anteriormente citados, contempla la necesidad de desplazarse a domicilios particulares cuando las circunstancias de los interesados en participar lo requieran.
La iniciativa con presupuesto inicial (pero ampliable) de 7.000 euros consiste en la recogida indolora y sencilla de muestras de saliva mediante hisopo. A partir de esta simple prueba, los científicos extraen las células epiteliales (células que recubren la superficie del cuerpo) con las que se determina el ADN. Después del cotejo con la muestra de ADN de los restos, se podrá conocer si hay, o no, vinculación entre ambos sujetos.
Así, la Diputación de Cádiz se alza como una de las primeras administraciones en fomentar la identificación de restos óseos exhumados mediante un sistema de banco de datos de ADN. De esta manera, se cumple con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
Actualmente, y según los datos de la Tesis doctoral de Fernando Serrulla Rech sobre Antropología Forense de la Guerra Civil Española de 2018, las exhumaciones han permitido identificar genéticamente a aproximadamente un 8 % de las víctimas y antropológicamente a un 10 %.
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