El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, en una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en 2019. Imagen: Mateusz Kostrzewa / KPRM.

  • La decisión llega después de que Polonia se saliese del marco comunitario
  • El país sería sancionado con la suspensión de la entrega de los fondos europeos

El presidente del Parlamento Europeo (Eurocámara), David Sassoli, anunció el pasado miércoles 21 de octubre que prepara una demanda contra la Comisión Europea. Esta fue la respuesta del organismo al ver que no se tomaban las medidas necesarias de cierre de fondos europeos para aquellos países que no respeten el Estado de derecho, como es Polonia.

La polémica surge después de que el Tribunal Constitucional polaco dictase, casi dos semanas antes, que algunas normas jurídicas de la Unión Europea (UE) eran contradictorias con la propia Constitución del país. Concretamente, se refiere a los artículos 1 y 19 del Tratado de la UE, pues entiende que evitan que Polonia “funcione como un estado democrático y soberano”. También presupone que chocan a la hora de que Europa pueda “examinar la legalidad de sus procedimientos de las aplicaciones jurídicas”.

Esta sentencia situaba el derecho de cada Estado por encima del europeo, lo que provocó la respuesta inmediata de la Comisión Europea: “La legislación de la UE prima sobre la legislación nacional”. Asimismo, el organismo encargado de garantizar el cumplimiento de toda la legislación analizaría la decisión del Tribunal Constitucional de Polonia antes de tomar medidas.

La principal propuesta de la Eurocámara para retirar la denuncia es la congelación de los fondos económicos europeos. El marco financiero plurianual (MFP) de la UE para el periodo 2021-2027 supuso la implementación de una nueva condicionalidad presupuestaria, es decir, que todos los Estados miembro deben cumplir con los principios del Estado de Derecho para recibir la financiación.

No obstante, Hungría y Polonia recurrieron al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la legalidad de esta medida. Por tanto, aunque es posible aplicarla, el organismo está esperando a la ratificación oficial de la Justicia. Esta inoperancia es la que ha llevado a David Sassoli, en representación de los otros 705 diputados, a demandar al Gobierno polaco.

Los días posteriores a la polémica no parecieron relajar el ambiente. El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, publicó una misiva en la que se mostró favorable a seguir la estela de la UE, pero con ciertas reticencias.

“Deberíamos preocuparnos por la transformación gradual de la Unión en una entidad que dejaría de ser una alianza de estados libres, iguales y soberanos para convertirse en un organismo dirigido por instituciones a las que se priva del control democrático de los ciudadanos”, escribió Morawiecki.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha arremetido contra el Gobierno de Varsovia: “Esto está tomando una nueva dimensión. Todos tenemos que asumir una responsabilidad cuando se trata de proteger los valores fundamentales”.

A pesar de ello, el tono se ha ido suavizando con el debate sobre el Estado de derecho del Consejo Europeo de ayer, 21 de octubre, y las reuniones previas. Así, el primer ministro polaco se reunió con los líderes europeos Pedro Sánchez, Emmanuel Macron (Francia) y Angela Merkel (Merkel). En este sentido, también ha recalcado estar abierto al diálogo, pese a que no admitirá “chantajes” de Europa.

 

Un conflicto lejano
El choque entre el derecho comunitario y el nacional ha sido la punta del iceberg de un conflicto que lleva varios años distanciando a la Unión Europea y Polonia. De hecho, ya tenia bloqueados los fondos de recuperación postpandemia, que suman 36.000 millones de euros.

El país europeo ha ido mermando el Estado de derecho, que garantiza una serie de derechos y libertades a sus ciudadanos, así como el sometimiento de todos los individuos e instituciones a la ley.

En particular, los tribunales son los que más han sufrido las consecuencias desde la llegada al gobierno del partido ultraconservador e iliberal Ley y Justicia (PiS). En 2019, una nueva reforma judicial obligó a la jubilación de numerosos jueces de más de 65 años.

Además, se creó el Consejo Nacional de Judicatura (KRS), elegido por el propio Gobierno, que se encargaba de controlar al Tribunal Supremo y de proponer magistrados para dicho organismo. La UE consideraba que rompía con la independencia judicial, por lo que pidió la derogación de la reforma sin éxito. Ni siquiera el ultimátum advirtiendo de sanciones que nunca llegaron sirvió para que Polonia diese marcha atrás.

 

¿Un preludio del Polexit?
Las discrepancias con la UE han planteado la posibilidad de la salida de Polonia de la comunidad política, tal y como ocurrió con Reino Unido. Si bien es cierto que es una de las mayores crisis desde entonces, no parece una opción que convenza a ninguno, incluso el primer ministro polaco ha rechazado la idea.

Polonia es un país que depende en gran parte de las ayudas europeas y su influencia está creciendo gracias a la presión que ejerce a través de su presencia en el Grupo de Visegrado. La formación la componen también Hungría, que comparte esa deriva autoritaria, Eslovaquia y República Checa. De esta forma, ejercen una gran influencia en la toma de decisiones y sirven como contraposición del eje franco-alemán dentro de la Unión Europea.

La población tampoco es favorable a ello: un 70 % de los polacos piensa que formar parte de la Unión Europea es positivo, según el último Eurobarómetro publicado por el Parlamento Europeo en 2020.

 

Venancio Sánchez-Cambronero. Redactor.

“El trabajo de los periodistas no consiste en pisar las cucarachas, sino en prender la luz, para que la gente vea cómo las cucarachas corren a esconderse”. Ryszard Kapuściński

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