Pável Carballido

Si mañana hubiese elecciones generales y, a la hora de ir a votar, alguien cambiase la papeleta del sobre de otra persona sin que esta lo supiera, cualquiera llegaría a la conclusión que tal acción, además de ser reprochable, convertiría ese voto en ilegítimo.

Por ello, se podría afirmar que un voto dado gracias al engaño carece de legitimidad. Pero, ¿qué es el engaño? Obviamente, cambiar a alguien su voto sin que se dé cuenta es un engaño. Ahora bien, qué pasa si, en vez de cambiar su papeleta, se le da una información falsa que le hace decantarse por votar a un partido u otro. ¿Es legítimo ese voto?

Se puede responder que sí, que el voto continúa siendo legítimo pese a haberse decidido en base a una información errónea. Una forma de defender tal postura, más allá de afirmar, simplemente, que si el engaño no es explícito este no afecta a la legitimidad del voto, sería señalar al votante como culpable de haber sido engañado.

El individuo ha incumplido su “deber democrático” de contrastar la información que consume y de documentarse adecuadamente antes de decidir su voto. Si los individuos cumpliesen con tal deber, no serían engañados y sus votos se decidirían a partir de información abundante y veraz.

Por tanto, este no es un problema de la democracia, sino de las personas que participan en ella. Se trataría esta cuestión como un conjunto de casos individuales en los que la irresponsabilidad del votante pone en vilo la legitimidad de su voto individual, si bien no la del sistema, que funcionaría correctamente si los votantes también lo hicieran (siendo estos presuntamente capaces de ello).

Esta es una postura difícil de sostener a nivel práctico, cuando observamos la realidad de la ciudadanía. Culpar al votante de haber sido engañado por no informarse correctamente peca de exigirle un comportamiento “heroico”: es algo que va más allá de lo exigible. En la actual sociedad de la información, determinar qué datos son falsos o en qué puntos están manipulados u omitidos puede resultar sumamente complicado.

A diferencia de hace unas décadas, es cierto que en la mayoría de casos los medios están ahí, a disposición del total de la población. Ahora bien, el uso de estos medios y la obtención de datos fiables y suficientemente abundantes requiere de tiempo, esfuerzo y formación, es decir, aún más tiempo y esfuerzo.

Pedirle a un trabajador, que invierte dos tercios de su día en dormir y desarrollar su labor productiva, que gaste una parte importante de sus ocho horas restantes en verificar información, documentarse y formarse para poder ejercer correctamente su, por sí mismo poco determinante, derecho al voto cada cuatro años, es algo que roza lo ridículo.

Hay otra respuesta posible a la cuestión planteada. Esta es: un voto escogido en base a un engaño, aunque sea implícito, es ilegítimo. Esto implica que un porcentaje de los votos emitidos en unas elecciones democráticas carecen de legitimidad y, por tanto, también un porcentaje de los resultados de estas. Es decir, que un porcentaje de los poderes legislativo y ejecutivo habrían sido escogidos de un modo ilegítimo, lo que implicaría que estos mismos poderes, y con ellos el sistema político democrático al completo, estarían afectados por un cierto porcentaje de ilegitimidad.

A este problema se podría encontrar una respuesta autoritaria que, en defensa de la legitimidad del sistema, se decantase por legislar contra la difusión de informaciones falsas en los medios de comunicación. Sin embargo, estas medidas, además de correr el riesgo de chocar con libertades democráticas fundamentales como la libertad de prensa y, por tanto, caer en la incoherencia, resultarían ineficientes. El problema no radica sólo en el engaño, sino en la falta de información verídica realmente accesible que permita a cada ciudadano votar lo que de verdad quiere votar (comprendiendo por completo el conjunto de medidas y acciones políticas que implica una u otra elección).

Es decir, tan problemático resulta que un periódico publique una noticia falsa que haga a alguien cambiar su voto, como que un partido tome, desde el Gobierno, unas medidas que al ciudadano le harían cambiar su voto, pero que este es incapaz de seguir y comprender debido al conflicto de asimetría de información que se produce en tales casos.

El ciudadano no está realmente informado de lo que hacen sus gobernantes. Y lo que es peor: no puede estarlo. Se trata de demasiada información, demasiado especializada y proveniente de demasiados ámbitos distintos. El control ciudadano, incluso el ejercido por la prensa, y el justo castigo electoral en base a la gestión llevada a cabo quedan desenmascarados como lo que son: mitos. Tan engaño es la información falsa accesible como la información verídica a la que, pese a tener derecho y medios disponibles, no se puede acceder.

Los sistemas democráticos actuales, incluso con todas sus políticas de transparencia, entregan a los ciudadanos unos medios que no tienen tiempo de utilizar para acceder a una información que no pueden interpretar. Se carga, así, al votante con un deber imposible de cumplir y sobre cuyo presupuesto cumplimiento, sin embargo, se asienta buena parte de la legitimidad del sistema.

Aquí, los demócratas se encuentran ante un callejón sin salida en el que la única respuesta posible es la de interpretar la falta y asimetría de información como un mal menor. Algo unido, inevitablemente, al sistema democrático y que afectará a un puñado de votos. Se acepta, por tanto, la presencia de un cierto porcentaje de ilegitimidad, considerando que el grado de legitimidad es mayor y que la influencia de las informaciones falsas, así como de la falta de información, no resultan determinantes en la mayoría de casos.

Es difícil saber cuánto influyen sobre el voto de la población estas asimetrías de información. Ahora bien, incluso dando por buena la cuestionable suposición de que la mayoría de votos no estén decisivamente influidos por ellas, aún quedaría otra cuestión por resolver en este campo: la influencia que tiene sobre el voto lo que en la teoría marxista se definiría como «superestructura ideológica».

La superestructura ideológica, entendida como la cultura, la religión y todos los demás elementos que sustentan la ideología dominante, tiene un alcance enorme y afecta, en mayor o menor medida, a todos los miembros de la sociedad. Ante el bombardeo de mensajes favorables al orden actual de las cosas por parte de los medios de masas, es complicado pensar más allá del mismo.

Si existiese un país con elecciones democráticas, pero una educación adoctrinadora que hiciese a la gran mayoría pensar dentro de unos márgenes marcados y, lógicamente, votar en base a los mismos, cualquiera dudaría a la hora de considerar los resultados electorales, y el mismo sistema político, como legítimos.

El ejemplo presentado es una exageración, pero no se encuentra tan lejos de la realidad. Frente a los medios de masas en manos de la clase dominante, con alcance mundial y presupuestos multimillonarios, se alza una contracultura de difícil acceso y poco alcance. Es lógico pensar que si a una sociedad se le repite constantemente un mensaje que varía su forma pero mantiene un fondo idéntico, este acabará por calar profundamente en ella.

Los medios y la cultura de masas pueden variar lo suficiente como para presentarse transgresores en su forma, este es un caso que se da mucho en el cine y la música. Ahora bien, lo cierto es que el fondo siempre es el mismo: complaciente con el sistema económico y político, superficial en su crítica con la única intención de producir un desahogo que acaba por resultar contrarrevolucionario o de tal resignación que cae en la apatía, también contrarrevolucionaria.

Los medios y la cultura de masas pueden parecer transgresores, pero jamás serán subversivos. La subversión, la búsqueda de un cambio radical, es decir, real, no sólo en forma, sino en las bases sobre las que se levanta el fondo, pertenece a la contracultura. Y a esta siempre le faltarán los medios para enfrentar a la superestructura ideológica.

La superestructura ideológica que, capaz de llegar a la totalidad de la población y de bombardearla con todos sus productos, acaba por marcar unos márgenes de discusión política de los que salir se vuelve complicado y reprochable.

Teniendo en cuenta este influjo, ¿hasta qué punto es legítimo un voto emitido bajo la presión implícita de la superestructura? Esto ya no se puede considerar un mal menor que afecta a un puñado de votos, pues la ideología dominante permea a toda la población e impide que los ciudadanos voten de una forma realmente autónoma.

Y ahí está el gran problema de la democracia, la presuposición de que el ciudadano tiene la capacidad de votar con completa libertad y acceso real a toda la información. Si esto se cumpliese, sin duda, el sistema político democrático y los representantes que fuesen escogidos en el mismo gozarían de toda la legitimidad posible. Ahora bien, no se cumple.

La democracia plantea unas premisas imposibles y apoya en ellas el grueso de su legitimidad. Los votantes no son inmunes a la superestructura ideológica y la influencia de los medios de masas, así como no son capaces de dominar los conocimientos, herramientas e información suficiente como para valorar correctamente las acciones de sus representantes o las noticias que les presentan los medios.

Partiendo de esta imposibilidad, la democracia es un sistema carente de legitimidad desde su nacimiento al cargar a los ciudadanos con un deber que no pueden cumplir y, sin embargo, dar por hecho que este se cumple.

En definitiva, la democracia falla en su mismo planteamiento y peca de sobreestimar a los votantes al considerarlos más de lo que pueden ser y exigirles, por tanto, más de lo que pueden dar; siendo estos incapaces de aportar al sistema la legitimidad que demanda.

Ahora bien, este artículo no es una apología del autoritarismo, ni pretende caer en la triste e infundada creencia de que para el ser humano es imposible crear sistemas políticos justos. Su objetivo es, tan sólo, señalar la delgada y dudosa línea que separa a la democracia de los modelos políticos que acostumbramos a considerar despóticos, pues, al fin y al cabo, ambos aspiran a obtener el mismo tipo de legitimación: aquella engendrada por la efectividad y la capacidad de garantizar bienestar (y no por los conceptos abstractos que solemos relacionar con la democracia).

 

Pável Carballido. Jefe de Internacional y redactor.

“Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo”. Rosa Luxemburgo