Policía de Birmania escoltando al periodista Wa Lone en 2018. Imagen: VOA Burnese.
- Son las primeras sentencias de muerte que se llevan a cabo desde 1988
- A pesar de que hay otros 119 condenados, ninguno había sido asesinado hasta el momento
- Las fuerzas armadas tomaron el poder en febrero de 2021 mediante un golpe de Estado
Los activistas birmanos (o de Myanmar) Kyaw Min Yu, Phyo Zayar Thaw, Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw fueron asesinados el pasado fin de semana, 23 y 24 de julio, tras ser condenados a muerte. El ejército del país los detuvo en octubre y noviembre de 2021, pero fue en enero cuando un tribunal a puerta cerrada emitió la sentencia.
La noticia la publicó el lunes 25 de julio el periódico The Global New Light of Myanmar, afín al régimen. La nota de prensa remarcó que todos ellos estaban acusados de “conspirar y colaborar con brutales actos inhumanos, como asesinatos”, por lo que infringían la Ley de Antiterrorismo.
Entre los cuatro asesinados se encuentran dos figuras relevantes dentro del movimiento opositor a la junta militar. Kyaw Min Yu, también conocido como Ko Jimmy, participó en la revuelta estudiantil de 1988 contra el Gobierno militar en su primera etapa (1962-2011). El escritor, que cumplió penas de 15 y 5 años en prisión por aquel entonces, fue acusado esta vez de mantener contactos con grupos guerrilleros opositores, como las Fuerzas de Defensa Popular (PDF).
A Phyo Zayar Thaw también se le atribuyeron contactos con las PDF y el Gobierno no oficial opositor al ejército. El cantante de hiphop formó parte del partido depuesto tras el golpe de Estado, la Liga Nacional por la Democracia (NLD).
Por su parte, los otros dos activistas fueron responsabilizados por la muerte de una mujer que filtraba información al Tatmadaw (las fuerzas armadas birmanas).
Las autoridades no proporcionaron más información a las familias, que no han recibido los cuerpos de los fallecidos. Desde el Gobierno justificaron esa decisión en el desorden público que podría desencadenar, por lo que los mandaron al crematorio.
119 personas han sido condenadas a muerte desde el inicio del golpe de Estado en febrero de 2021, según la Asociación de Asistencia para Presos Políticos de Birmania. Asimismo, la organización calcula que 2.138 civiles, sin contar las bajas militares, han sido asesinados y 11.820 continúan en prisión.
¿El Gobierno militar se debilita?
A pesar del golpe de Estado que tuvo lugar hace 18 meses, los militares no han logrado imponer completamente su régimen y acabar con la oposición. El Gobierno de Unidad Nacional de Birmania (NUG), junto con las Fuerzas de Defensa Popular (PDF), y otros grupos guerrilleros consiguieron recomponerse desde entonces. Incluso, han conseguido profesionalizar su armamento y plantear una resistencia seria repartida por todo el país.
El aislamiento internacional es otro de los problemas que enfrenta el Tatmadaw. China se ha postulado como el principal aliado en la región, en busca de países en los que establecer la Nueva Ruta de la Seda China. No obstante, al gigante asiático le interesa más una situación de paz y estabilidad.
Mientras, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) continúa dividida en cuanto a la cuestión de Birmania, uno de los miembros. La organización también está formada por Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.
La mayoría condena la violencia de la junta, consecuencia de ello son las cinco reuniones en las que el país ha sido excluido desde el golpe. Aun así, abogan por una solución pacífica y diplomática y condenan el uso de la violencia por parte de los grupos opositores.
El presunto genocidio rohingya sigue presente
Los mandatarios birmanos tendrán que hacer frente también al resurgimiento de las investigaciones para determinar si el grupo étnico musulmán rohingya sufrió un genocidio en 2017 en la región.
Tras la denuncia presentada por el Gambia y tras desestimar las objeciones de Birmania el pasado 22 de julio, la Corte Internacional de Justicia se declara competente para estudiar el presunto exterminio de la minoría.
Aún quedan años para que el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas (ONU) dicte sentencia, pero se abre una puerta para solucionar la situación de los miles de desplazados rohingyas en Bangladesh.
Ya el anterior alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra‘ad al-Hussein, declaró en 2017 que la situación parecía un “claro ejemplo de limpieza étnica”.
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