Señalización en la vía de una Zona de Bajas Emisiones en Rivas-Vaciamadrid, Madrid.
Imagen: Abro Comillas.
- La normativa complementará la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y hace hincapié en las Zonas de Bajas Emisiones
- El Ministerio de Transportes pretende reducir el uso del coche en ciudades para reducir la contaminación del aire
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes, 13 de diciembre, el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de cara a su implementación antes de 2023. La norma acotará el marco de actuación del sector público del transporte durante los próximos años.
La propuesta, que aún tendrá que ser aprobada en las Cortes Generales, se centra en una movilidad limpia y renovable, acompañada de un sistema digital e innovador, que adapte los servicios públicos de transporte a las necesidades de los usuarios.
Estos preceptos derivan de la proclamación del transporte como un derecho social, lo que implica que deba tender a la inclusión de todas las personas. Así, se pone de manifiesto la necesidad de otorgar una mayor importancia a las zonas rurales, más aisladas de la red, y a la logística del transporte de mercancías.
No obstante, la ley requiere de una colaboración entre instituciones para evitar posibles ineficiencias, lo cual se pretende conseguir con un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible. El objetivo, según la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, es “hacer posible esa coordinación necesaria entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales”.
Coordinación, competitividad y eficiencia
Otra de las medidas principales es la actualización del mapa concesional estatal, es decir, de licitación con empresas privadas para que lleven a cabo el servicio público. Las competencias recaen sobre el Gobierno central, pero esta planificación se está desarrollando con la colaboración de las comunidades autónomas.
Aun así, muchas de ellas han expresado su descontento inicial por la simplificación de las rutas. Esto implica la retirada de financiación de muchas paradas de autobuses, que no aparecen en dicho mapa autonómico.
El objetivo final es “atender a más personas, con mejores precios, servicios y tiempos de viaje más competitivos”, según el comunicado del Ministerio de Transportes. Asimismo, se busca disminuir reducir costes del sector, pero mejorando la calidad del transporte en España.
Un marco jurídico para las Zonas de Bajas Emisiones
La Ley de Movilidad Sostenible se enmarca dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Además, pretende complementar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de mayo de 2021.
En este sentido, si dicha normativa obligó a las ciudades de más de 50.000 habitantes a disponer de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para 2023, la más reciente otorga competencias a los ayuntamientos para imponer precios públicos a los vehículos más contaminantes o restringir su acceso.
Las Zonas de Bajas Emisiones se refieren al ámbito en el que “se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero”. La prohibición vendrá determinada por la etiqueta de emisiones otorgada en función de lo contaminante del vehículo (cero emisiones, ECO, C, B o A).
Esta medida ya está implantada alrededor de los centros escolares y lugares más céntricos de las ciudades de Madrid, Barcelona, Pontevedra o Córdoba. No obstante, la mayoría aún no ha implementado ninguna ZBE y no se espera que lleguen antes del plazo otorgado.
La medida, aunque ecológica, perjudica a los hogares más vulnerables, puesto que son los que menos pueden permitirse adquirir vehículos con etiquetas más verdes. Este problema, agravado por la falta de microchips, tampoco parece que puedan solucionarlo a tiempo unos servicios públicos de transporte sustitutos eficientes.
Aparte, la ley obliga a las empresas de más de 500 empleados deberán impulsar su movilidad activa y el uso del transporte público, así como aportar soluciones, como el teletrabajo.
Las ciudades de entre 20.000 y 50.000 también tendrán que cooperar a través del desarrollo de planes de movilidad urbana sostenible, lo que implicaría una colaboración con los municipios colindantes para facilitar la logística y el transporte entre ellos.
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