Aplausos en la bancada socialista del Congreso de los Diputados. Imagen: Flickr.

  • Se prevé que se apruebe antes de las elecciones autonómicas del 28-M
  • Ayuso anunció que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional por interferir en las competencias autonómicas

La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados aprobó ayer jueves, 20 de abril, el informe de ponencia de la Ley de Vivienda gracias a los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu. Por su parte, el Partido Popular, Vox, Ciudadanos, PDeCAT y Coalición Canaria votaron en contra, mientras que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se abstuvo.

Finalmente el texto incluye cuatro enmiendas transaccionales con las propuestas de PDeCAT y de Junts para garantizar “la no invasión competencial” a las autonomías. Además, sobre esta supuesta invasión, la portavoz de ERC, Pilar Vallugera, advirtió que los criterios autonomistas perdurarán hasta que se produzca un problema, momento en el que el Estado debe intervenir. “La ley es mucho mejor que si no hubiera nada”, afirmó Vallugera.

Una vez aprobado en la Comisión, la próxima semana se elevará el dictamen al Pleno del Congreso, donde se procederá a su debate y votación.

 

¿En qué consiste la nueva ley de vivienda?
Han pasado casi dos años desde que el Proyecto de Ley por el derecho a la vivienda se aprobase en el Consejo de Ministros en octubre de 2021. Sin embargo, no fue hasta febrero de 2022 cuando llegó al Congreso y, desde entonces, se han tramitado más de 800 enmiendas.

El objetivo inicial del Ejecutivo era haberlo aprobado antes de que acabase el año 2022, tal y como se lo prometió a Bruselas dentro del paquete de reformas para recibir los Fondos Europeos. Sin embargo, los desacuerdos sobre la norma hicieron que los deseos del Ejecutivo tuviesen que esperar.

La nueva Ley de Vivienda establece un tope del 3 % al alquiler en 2024 y regula un futuro índice de precios que limitará sus subidas. El acuerdo al que llegaron los partidos progresistas dictó que, para evitar aumentos descontrolados en los precios del alquiler, durante el 2023 se aplicará el límite del 2 % y que, posteriormente, se irá aumentando de manera consecutiva.

Por otra parte, la ley pone el foco en el alquiler de viviendas en zonas tensionadas, es decir, en aquellas donde los precios del alquiler están disparados. El acuerdo con ERC y Bildu establece que “los alquileres que se encuentren en áreas de mercado tensionado serán regulados y topados, sean propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios, tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos”. A su vez, se establece que un gran tenedor será aquel que tenga más de 5 inmuebles y no 10, como marcaba el texto anterior que se elaboró en Moncloa.

 

Controversia en la aplicación de la ley
Las competencias en vivienda son competencia de las Comunidades Autónomas, por eso la gran incógnita es qué efecto tendrá la ley. Son las comunidades las que, en función de sus competencias y atendiendo a sus intereses, tienen que declarar esas zonas con especial protección.

No obstante, el acuerdo marca que la ley respetará “las competencias autonómicas y locales, ofreciendo un marco jurídico habilitante y seguro para que las instituciones competentes en materia de vivienda puedan desplegar, desarrollar y ampliar las políticas de vivienda necesarias mediante sus capacidades y herramientas propias”.

Por otro lado, en cuanto a los desahucios, el nuevo texto establece la prohibición de los desahucios sin fecha y hora determinada. Algo que han definido como una “demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos”. Además, se establece que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato correrán siempre a cargo del arrendador y no del inquilino.

 

Reacciones ante la norma
Las reacciones ante el proyecto de ley de Vivienda no tardaron en llegar. Derivada de la polémica sobre la aplicación de la normativa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avisó de que los aspectos que no sean de obligado cumplimiento no se pondrán en marcha en su Ejecutivo. Así, adelantó que su Gobierno recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional.

Ante esto, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, respondió a la presidenta madrileña para advertirla de que hará que se cumpla la ley “en cada territorio del país”.

Finalmente, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó su ponencia en un encuentro de Nuevas Generaciones del PP para afirmar que “España necesita un pacto de Estado por la vivienda”.

 

Christian Dos Santos. Redactor.

«El periodismo es, por un lado, una ciencia de la información y, por otro lado, un género literario». Luis María Anson