Furgón de Policía Nacional. Imagen: Wikimedia Commons.
- La red de prostitución infantil salió a la luz en 2019 tras la denuncia de una niña de 13 años
- Las menores son captadas en sus centros de acogida con la promesa de obtener recompensas a cambio de relaciones sexuales
- UNICEF advirtió en 2017 que esta situación se da en, al menos, siete comunidades autónomas
Una operación policial en Mallorca acabó ayer, 16 de septiembre, con 17 arrestados por su implicación en un entramado de prostitución de menores tuteladas. Estas estaban bajo la responsabilidad del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), perteneciente al Consell de Mallorca.
La Unidad de Familia y Menor (Ufam) de la Policía llevaba meses investigando esta trama por unos hechos que habrían ocurrido entre 2018 y 2019. Se conoce la existencia de 13 víctimas, pero podría tratarse de una cantidad mayor de afectados que no habrían denunciado.
Según esta misma unidad, la primera fase de la operación se saldó con tres chicas menores de 18 años detenidas por un presunto delito de corrupción de menores. Las identificadas fueron arrestadas en agosto y declararon ante la Policía. Ellas se encargaban de captar a sus compañeras de centros o pisos de acogida para que ejercieran la prostitución.
La segunda de las fases fue la que culminó ayer y en la que se detuvo a 14 adultos de entre 21 y 65 años, que ya han pasado a disposición judicial. Las cuatro mujeres y los diez hombres arrestados son acusados de haber mantenido relaciones sexuales con menores o haberlas explotado sexualmente.
Dentro de este mismo caso de prostitución y abuso sexual de menores, se ha retomado la declaración de seis hombres investigados y reconocidos como presuntos autores de un delito de corrupción de menores. Estos habrían ofrecido a las niñas mantener relaciones sexuales a cambio de dinero y, en muchos casos, habrían contactado con ellas a través de páginas web de adultos.
Los organismos oficiales no descartan nuevas detenciones ni tampoco la identificación de más casos, ya que la investigación sigue abierta.
Las niñas, que suelen ser captadas por compañeras, escapan de los centros gracias a la falta de control de los monitores. Las llevan a centros donde les ofrecen regalos o dinero a cambio de mantener relaciones sexuales, por lo que acaban en manos de redes de prostitución.
Muchos de los lugares donde se realizan los encuentros están relacionados con la venta de drogas, así son “recompensadas” también algunas de las menores.
La salida a la luz del escándalo
El asunto se descubrió en la Nochebuena de 2019, cuando una niña de 13 años, que estaba en un piso de acogida, denunció una violación grupal. La chica relató que otras tuteladas eran prostituidas en un bar donde también se vendía droga.
A partir de este testimonio, se conoció que este no era un caso aislado, sino un fenómeno recurrente entre las jóvenes internas en centros y pisos de acogida del IMAS. Fue a partir de entonces cuando el entramado salió a la luz y comenzaron a surgir nuevos casos similares al inicial.
Sin embargo, los profesionales que trabajaban con los menores conocían esta situación por las relativamente frecuentes fugas de los menores de los centros que a menudo acababan en situaciones de explotación sexual o consumo de drogas.
En un inicio, el gobierno autonómico lo trató como un caso aislado, pero el 13 de enero de 2020 se vio obligado a admitir que tenían constancia de, al menos, 16 situaciones de explotación sexual infantil entre menores de algunos de sus 30 centros en Palma.
Intervención del Parlamento Europeo
El escándalo de abuso sexual en Mallorca fue discutido en la sesión de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo el día 26 de enero. Se creó un enfrentamiento entre los eurodiputados españoles que se acusaban mutuamente de tratar de ocultar el caso y utilizarlo políticamente.
En febrero de 2021 esta misma Comisión solicitó información a Pablo Iglesias, vicepresidente del Gobierno central en ese momento; a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; y a Fina Santiago, consellera de Asuntos Sociales y Deportes del Govern balear, sobre el escándalo de abusos sexuales a menores tuteladas del IMAS. En concreto, se exigía conocer “las medidas adoptadas y las soluciones dadas para la protección de los menores”, tal y como indicaba Dolors Montserrat, presidenta de la Comisión de Peticiones, en la carta.
Marlaska contestó al escrito asegurando que tanto la denuncia inicial como las que le siguieron pasaron por la autoridad competente: «en todo momento la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha sido bajo las órdenes de las autoridades judiciales y del Ministerio Fiscal, actuando como Policía Judicial, siendo ésta la única actividad que guarda relación con la esfera competencial del Ministerio del Interior».
El envío de estos comunicados partió de José Luis Sánchez Saliquet, empresario balear y candidato de Vox al Senado, quien presentó el caso a la Comisión. Informó al organismo de que, tras 11 meses de la primera denuncia de una niña de 13 años, aún no se había puesto en marcha comisiones de investigación ni por parte del Parlamento balear ni del Congreso de los Diputados.
Además, criticó que los partidos que forman el Gobierno balear (PSIB-PSOE, Unidas Podemos y Més per Menorca) crearon una comisión de expertos cuyo informe final no hacía referencia a los abusos de los menores. Estos mismos grupos políticos bloquearon la creación de una investigación a nivel autonómico el 18 de febrero de 2020 y también lo rechazaron en el Parlamento en marzo de 2020.
Silvia Cano, la portavoz del PSOE en el Parlamento balear, adelantó en una rueda de prensa que su partido votaría en contra de esta comisión por entender que la consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, y el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales del Consell de Mallorca (IMAS), Javier de Juan, ya habían ofrecido todas las explicaciones pertinentes en sus comparecencias.
«Es el momento de dejar trabajar con tranquilidad a la parte técnica para hallar soluciones con la finalidad de que esto no vuelva a pasar en el futuro», aseguró.
La última negativa a investigar los casos sobre menores prostituidos tutelados por el IMAS fue el 30 de marzo de 2021. En esta ocasión, fue rechazada por 30 votos en contra del PSOE, Unidas Podemos, Més per Menorca; y 25 votos a favor de El Pi, Vox, Ciudadanos y PP.
Desde entonces, los sucesos no han frenado. En enero de este año un hombre fue condenado a ocho años y medio por la Audiencia Provincial de Palma por prostituir a menores del IMAS de entre 14 y 17 años durante 2019.
Otro caso más reciente fue el del pasado 1 de septiembre, cuando se conoció la prostitución de una menor en un centro de acogida de Palma. Su madre ha relatado para el periódico ABC cómo su hija fue captada y prostituida a cambio de “ropa bonita”, entre otras muchas situaciones que con 15 años ha vivido. Denuncia, además, que los centros son sabedores de estos casos y no actúan para frenarlos.
Tras esta nueva información, PP y Vox han solicitado la creación de una comisión de investigación en el Consell de Mallorca.
A pesar de la sucesión de los acontecimientos, fuentes de la jefatura de la Fiscalía balear han negado siempre la existencia de redes de explotación sexual de menores tutelados.
Otras comunidades autónomas
Un informe de UNICEF realizado en 2017 reveló que en siete de las nueve comunidades estudiadas (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Galicia y País Vasco) se daban casos de explotación sexual en centros de acogida. El estudio estaba compuesto por más de 300 entrevistas a educadores y menores.
La organización añadió: “En algunos casos podría haber indicios de que son captados por redes de trata de seres humanos, que además les utilizan para conseguir contactar con otros menores del centro”.
Pepa Horno, una experta en protección de la infancia en España, declaró para El País: “Esto está pasando en toda España, pero no ha salido a la luz”. Serafí Carballo, Defensor del Menor de Baleares, coincidió con ella: «Sabemos de casos de redes en Murcia, en Sevilla, en Castellón, en Las Palmas o en Madrid».