Marcha por la dignidad de Ceuta en 2020. Imagen: Fotomovimiento vía Flickr.
- Muchos de los menores, que accedieron a Ceuta el pasado mes de mayo, aún no cuentan con una vivienda digna
- Pedro Sánchez se reunió el pasado miércoles con Juan Vivas, presidente de Ceuta, para tratar de regular la situación
El pasado 19 de agosto, la Fiscalía General del Estado español frenó las repatriaciones de menores marroquíes no acompañados que se habían iniciado una semana antes. Entre los principales motivos se encuentra el reconocimiento por parte de la justicia de Ceuta de irregularidades administrativas durante el proceso.
Otro de los desencadenantes que ha llevado al cese de las repatriaciones es la falta de un documento administrativo requerido para el trámite. Ante esto, la Audiencia Nacional estableció un plazo de cinco días para retomar los trámites judiciales una vez se contara con tal documento.
En cuanto al grupo de menores de origen marroquí que se pretende repatriar, este accedió a la ciudad autónoma entre el 17 y el 18 de mayo, fechas en las que Ceuta experimentó su mayor crisis migratoria de la historia.
De los más de 8.000 inmigrantes que trataron de acceder a España desde Marruecos, en torno a 1.000 menores extranjeros no acompañados se encuentran hoy a la espera de su repatriación. Además, muchos viven en la calle o, en el mejor de los casos, han sido acogidos en la ciudad, pero no cuentan con una residencia propia.
Actualmente, se pretende iniciar un nuevo proceso en el que se estudie la situación personal de cada menor y de su familia, ya que, según la ONG Save the Children, un cuarto de los 350 entrevistados personalmente expresó haber sido maltratado física o mentalmente durante su proceso migratorio.
Desde el Gobierno Central, el presidente Pedro Sánchez se reunió el pasado miércoles 25 de agosto en La Moncloa con Juan Vivas, presidente de Ceuta, con el fin de buscar una solución. Según las fuentes oficiales de la justicia de Ceuta, una de las opciones que se barajan es derivar a los menores a la península, puesto que los trámites podrían alargarse entre seis meses y dos años.
En cuanto a la situación en Melilla, existe también una alta presión migratoria. El pasado domingo 29 de agosto, una veintena de inmigrantes de origen subsahariano trató de acceder a nado a la ciudad autónoma. Sin embargo, los gobiernos español y marroquí frenaron esta acción.
Así, la última entrada de personas migrantes tuvo lugar el 17 de agosto, cuando 57 de 150 subsaharianos accedieron a Melilla. No obstante, la ciudad autónoma sigue en alerta debido a que, durante los últimos dos meses, más de 1.600 inmigrantes han tratado de entrar en el territorio español, de los cuales solo 500 lo han logrado.
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