Bernardo Fuentes en la Comisión de Presupuestos del Congreso en 2022.
- El ya exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes recibía pagos de empresarios canarios a cambio de privilegios
- Las negociaciones se intercalaban con grandes fiestas de prostitutas, alcohol y drogas
El caso Mediador estalló el pasado 14 de febrero con la dimisión del ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo tras la detención de su sobrino, Taishet Fuentes, exdirector general de la Dirección General de Ganadería del Gobierno canario. La tesis del suceso es que se ofrecía a empresarios ganaderos y del ámbito alimentario privilegios de contratación pública por un “canon” y se les extorsionaba a cambio de recibir trato de favor en inspecciones o trámites de ayudas europeas.
La trama está actualmente instruyéndose en el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife. Su titular sitúa a Tito Berni, apodo del exparlamentario canario, en el “vértice superior de una trama criminal perfectamente definida y coordinada”.
Los inicios
Hace poco más de un año, en un juzgado de las Islas Canarias, un empresario acudió a denunciar que un tercero había hecho gastos con su tarjeta de crédito sin su autorización. Ese tercero era el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte, el “mediador” que da nombre a la trama y que, desde su detención, colaboró con la Policía para tirar del hilo y llegar a un acuerdo.
En los dispositivos móviles quien entregó para la investigación se encontraron más de 60 gigabytes de archivos gráficos y sonoros que implicaban, entre otros, a Juan Bernardo Fuentes, o al general de la Guardia Civil ya retirado, Francisco Espinosa Navas.
Principales implicados
De momento, los investigados son 13, y los delitos de los que se les acusa son pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental. Sin embargo, los cabecillas son sólo cuatro: el Mediador Navarro Tacorontes, el exdiputado Fuentes Curbelo, su sobrino Taishet Fuentes y el exgeneral Espinosa Navas.
Juan Bernardo Fuentes Curbelo (Tito Berni) era diputado socialista en el Congreso por Las Palmas cuando estalló el caso. El día que detuvieron a su sobrino, el PSOE le suspendió de militancia y él dimitió de su puesto. El pasado lunes 20 de febrero, una vez perdida ya su condición de aforado, la jueza ordenó su arresto. Actualmente se encuentra en libertad al no apreciarse riesgo de fuga ni peligro de destrucción de pruebas.
Taishet Fuentes (Tai) es sobrino de Fuentes Curbelo y, hasta el verano pasado, su sustituto como director general de Ganadería del Gobierno de Canarias cuando su tío accedió al Congreso. Fue destituido del cargo por “pérdida de confianza”.
Francisco Javier Espinosa Navas (Papá), exgeneral de la Guardia Civil, es el único de los cuatro líderes de la trama que se encuentra en prisión preventiva. Acusado de cohecho y organización criminal, se sospecha que cobró comisiones de cuatro contratos públicos amañados y valorados en más de 260 mil euros financiados con fondos públicos. Fue investigado en 2010 por otro caso de corrupción también en Canarias, el caso Unión, pero fue archivado.
La Brigada Provincial de Policía Judicial emitió un informe según el cual el general retirado se habría incluso reunido con el Mediador para hablar de cómo conseguir que los empresarios que pagaban las mordidas contrataran a su amante, Adelaida, alias “Chocho Volador”.
Marco Antonio Navarro Tacoronte (el Mediador), empresario cuya colaboración ha servido para destapar el caso. El nombre de “mediador” se le aplica por su labor de nexo entre los políticos y los empresarios. Él se encargaba de poner en contacto a todos los miembros, de que los pagos se efectuaran, de organizar los encuentros en el Congreso o la Dirección General de la Guardia Civil, etc. También organizaba las comidas y las fiestas en los puticlubs. “Era como un catering, con servicio completo… en plena pandemia”, explicó en Cope Canarias.
Por otro lado, la investigación señala a una red de colaboradores entre los que se encuentran José Santiago Suárez (José Drones), según el sumario, “pieza principal” de la trama de los drones; Alberto Montesdeoca García, el primero en participar en las mordidas; Antonio Bautista Prado (el Curilla); Esteban Banús Ricoma (Banús); María Inmaculada Roca Enrich (Mima Roca), esposa de Banús.
¿Cómo operaba la trama?
Presuntamente, y según datos de la investigación, el caso Mediador ofrecía a los empresarios privilegios en materia de contratación pública y también los extorsionaba a cambio de favores en las inspecciones y acceso a ayudas europeas.
En la trama se distinguen dos principales grupos de empresarios:
El primero es el conformado por empresas del sector agroalimentario, en su mayoría del archipiélago canario. Estas se veían obligadas a ingresar un “peaje” de 5.000 euros a la asociación deportiva La Vega del Tetir (cuyo presidente es Bernardo Fuentes) en concepto de “colaboración” para evitar multas o archivar expedientes sancionadores.
Entre los primeros casos de pagos de mordidas que se registraron está el del propietario de la Quesería Montesdeoca, Alberto Montesdeoca. Fue captado por Tai, puesto en contacto con el mediador, y llevado a Madrid para visitar la Dirección General de la Guardia Civil y conocer al Papá. Abonó un total de 26.800 euros para evitar una sanción de 74.000, pero no vio nunca solucionado su expediente sancionador. El dinero fue destinado, según Tacoronte, a fiestas, hoteles y prostitutas.
El segundo grupo es de empresas de la península vinculadas a las energías renovables o a drones. En este caso, pagaban una mordida a Bernardo Fuentes para que, con su influencia, les permitiese beneficiarse de las condiciones de la Zona Especial Canaria (ZEC), un régimen fiscal especial del archipiélago. El precio a pagar eran 3.500 euros al día, con los que se sufragaban los gastos para un paseo por el Congreso, mariscadas, hoteles de lujo y clubes. El “conseguidor” de esta parte de la trama era José Drones.
Las respuestas al caso Mediador
Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, ha expresado esta semana que los detalles de la trama que van haciéndose públicos le “repugnan” y “avergüenzan” y ha solicitado que “se sepa todo, que se investigue lo que se tenga que investigar, que caiga quien tenga que caer”.
Subrayó, además, que el cese de Taishet se debió a su gestión al frente de la dirección y no por las presuntas irregularidades de la trama. Tacoronte, por su parte, defendió en sus alegaciones que el Gobierno canario supo en todo momento lo que acontecía.
A nivel nacional, el Partido Popular se está encargando de impulsar la creación de una comisión de investigación en el Congreso. “Es más necesaria que nunca una comisión (…) que dirima las responsabilidades políticas en este caso de corrupción socialista que está lleno de mordidas, de drogas y de prostitutas”, aseguró Cuca Gamarra, portavoz del PP en la Cámara Baja.
Vox, Esquerra Republicana o Ciudadanos se muestran a favor. Los de Abascal consideran que, en estos momentos, la mejor forma de hacer pagar al PSOE es apoyar su moción de censura contra Sánchez. Unidas Podemos, por su parte, advierte que no descarta apoyar la comisión, pero que no van a “hacerle el juego a los populares”, que intentan “esquivar” su responsabilidad en “el mayor caso de corrupción de la democracia que les afecta de manera directa”.
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