Una de las protestas sucedidas en Kazajistán. Imagen: Noticias Nueva Esparta.
- Las tropas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) se retiran de Kazajistán tras considerar la «operación antiterrorista» completada
- Las protestas y la represión dejan un balance de 164 muertos, 1.000 heridos y más de 12.000 detenidos
Hace dos semanas, la subida del precio del gas hizo estallar en Alma Ata, la antigua capital y ciudad más poblada de Kazajistán, una serie de protestas que se alargaron hasta estos últimos días. Algo que llevo a Rusia y sus aliados de la OTSC a intervenir militarmente en el país.
Kazajistán es una antigua república soviética situada entre el sur de Rusia y el norte de China. Tras la disolución de la Unión Soviética, en 1991, el que fuera primer ministro de la República Socialista Soviética de Kazajistán, Nursultán Nazarbáiev (de quien toma nombre la capital del país: Nursultán), se convirtió en el primer presidente electo del nuevo Estado kazajo.
Sin embargo, hay muchas dudas sobre si las elecciones celebradas fueron totalmente limpias. Nazarbáiev prosiguió en la presidencia hasta 2019 de forma ininterrumpida. Su partido, Nur Otan, de tendencias liberal-conservadoras y autoritarias, lleva obteniendo aplastantes mayorías absolutas desde la instauración de la democracia.
A Nazarbáiev se le acusa también de, tras desaparecer la Unión Soviética y con ella su control sobre la República, colocar a sus familiares en puestos de poder y extender su influencia por todo el sistema político kazajo. Además, pese a su retirada de la presidencia en 2019, se mantuvo como presidente vitalicio del Consejo de Seguridad del país, cargo que abandonó este 5 de enero fruto de las protestas.
En este contexto de presumible falta de libertades políticas, la subida del precio del gas supuso el cruce de una línea roja para los ciudadanos de Alma Ata. Las protestas no tardaron el propagarse por otras ciudades del país y ello llevó a Kasim-Yomart Tókayev, el actual presidente kazajo, a solicitar la intervención de la OSTC. Tropas de Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kirguistán y Tayikistán llegaron a Kazajistán el 6 de enero para aplacar lo que definieron como una «amenaza terrorista».
Las tropas extranjeras comenzaron a retirarse el 13 de enero, una vez que se consideró estabilizada la situación. Los disturbios ya han cesado en la mayoría de ciudades y dejan tras de sí 164 muertos, 1.000 heridos y más de 12.000 detenidos: consecuencias de una represión que resultó más dura de lo esperado. El nivel de violencia vivido en las calles de Alma Ata y, en menor medida, de toda Kazajistán en estas semanas no tiene precedentes. Durante toda la década de 2010 sucedieron protestas, pero las mayores se dieron en 2011 y dejaron una cifra de 16 muertos, muy inferior a la que se da este inicio de año.
La OTSC consideró su intervención como una operación antiterrorista y señaló que en Kazajistán se hallaban aproximadamente 20.000 insurgentes provenientes de Asia Central y Afganistán, además de campos de entrenamiento. Unas afirmaciones que, sin embargo, no se han podido probar por ningún medio.
Los efectos de las protestas, además del caos social y la represión desatadas, y sus consecuentes pérdidas humanas y económicas, no han ido más allá de la dimisión de Nazarbáiev de su cargo como Presidente del Consejo de Seguridad.
Pese a que numerosos medios señalan la crudeza con la que se reprimieron los disturbios, siendo Kazajistán un país enriquecido en el que no es común tal grado de violencia, es difícil encontrar casos de rechazo claro a lo ocurrido en el panorama internacional.
Esto se puede deber a las buenas relaciones comerciales que tiene el país tanto con China, uno de sus principales socios económicos, como con Estados Unidos, su tercer mayor inversor externo. Las preferencias de tales potencias, así como de Rusia, con quien el Gobierno kazajo ha mantenido muy buenas relaciones desde la disolución de la Unión Soviética, por el mantenimiento de la situación política de Kazajistán podría haber conducido a la falta de interés en apoyar un cambio en el país por parte de la comunidad internacional.
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