Juzgados Penales de Madrid. Imagen: @UPSJtwit vía Twitter.
- Reclaman un sueldo correspondiente a su carga laboral, que no ha dejado de aumentar desde 2009
- El Comité de Huelga registró un seguimiento cercano al 78 % en la primera semana de parón
Hoy, 31 de enero, se cumple una semana desde que los letrados judiciales convocaron un parón indefinido a nivel nacional para reclamar al Gobierno mejoras retributivas y laborales.
La protesta fue convocada por los tres organismos de representación de los trabajadores: la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de LAJ.
El cese de la actividad tiene como objetivo reivindicar una mejora en la remuneración acorde a las funciones que los letrados realizan y que son naturales de los jueces. Reclaman un incremento salarial de 1.000 euros para equipararse con los funcionarios de la Administración del Estado de mayor rango, los A1, como jueces o fiscales.
14 años de protestas
El principal objetivo de la huelga es lograr la adecuación salarial que llevan demandando desde 2009, cuando una reforma legal, la Ley 13/2009, atribuyó a los letrados funciones que correspondían a los jueces, que en ese momento vivieron una etapa de sobrecarga profesional.
Regular la actividad del Registro Civil y ajustar la cuenta de depósitos del dinero de los condenados a pagar son algunas de las labores que fueron redistribuidas. Desde entonces, los profesionales han visto cómo su carga laboral aumentaba mientras sus sueldos se mantenían.
A finales de 2021, el Ministerio de Justicia liderado por Pilar Llop firmó un acuerdo con los sindicatos de los cuerpos generales sobre la adecuación salarial, pero no hizo referencia a los letrados, por lo que la situación siguió igual.
En enero y marzo de 2022 los profesionales comenzaron a convocar paros otra vez, solicitando de nuevo una adecuación del salario y un Estatuto acorde a sus funciones.
En abril la cartera de justicia realizó una serie de cambios y el tercer paro que estaba programado para ese mes no se celebró. Sin embargo, estas medidas no fueron suficientes y trajeron como consecuencia la nueva convocatoria, que se inició el pasado martes 24 de enero.
El Ministerio consideró que las protestas están “fuera de lugar”, ya que, según el secretario de Estado de Justicia, actualmente el sueldo de un LAJ está entre los niveles 26 y 28, es decir, que oscila entre los 39.000 y los 59.000 euros sin contar las retribuciones variables.
Parón casi unánime
Desde que comenzó la protesta, miles de letrados se han unido a la causa. Las organizaciones convocantes afirmaron que el cese de actividad tuvo un seguimiento del 78 % y se estimó que unos 12.000 juicios se han suspendido en toda España.
Los datos confirman que Córdoba fue la provincia más comprometida con el seguimiento de la huelga, con un 60,94 % de los trabajadores de la provincia, seguida de Girona (50 %), La Rioja (48,39 %) y Álava (44,83 %).
Por el momento, ayer y hoy los partidos judiciales convocaron asambleas en apoyo a la huelga y en reafirmación de su voluntad de llegar hasta el final para conseguir reclamaciones justas, siempre abiertos a alcanzar un acuerdo.
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