Audiencia Nacional, Madrid. Imagen: @PoderJucialEs vía Twitter.

  • Ghali ha respondido a las acusaciones de tortura y lesa humanidad
  • El líder del Frente Polisario ha comparecido por videoconferencia desde el hospital de Logroño

A principios de mayo Brahim Ghali viajó a España desde Argelia con un pasaporte diplomático expedido por el gobierno español por «razones humanitarias». El líder del Frente Polisario ingresó en el hospital de Logroño enfermo de COVID-19.

Ghali, como líder del Frente Polisario desde 2016, se ha tenido que enfrentar a dos querellas en las que se le acusa de presuntos delitos contra la humanidad, genocidio y tortura, entre otros cargos.

Al estar ingresado en el hospital de Logroño por COVID-19, ha comparecido hoy en la Audiencia Nacional por videoconferencia. Santiago Pedraz ha sido el encargado de interrogar a Ghali, por lo que esta ha sido la primera vez que se consigue tomar declaración al líder saharaui.

En primer lugar, Ghali declaró por la querella interpuesta por el activista saharaui Fadel Mihdi Breica, quien denunció que había sufrido torturas en el campamento Polisario de Tinduf, Argelia, en 2019 por parte de los militares del Frente Polisario.

La segunda cuestión a la que ha enfrentado esta mañana ha sido a la denuncia del 2008 de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh) que fue reabierta hace unas semanas. En ella se investigaba el trato que se había dado a los prisiones de guerra en Tinduf.

Sin embargo, Pedraz ha determinado que no se decretará cárcel ni se le retirará el pasaporte a Ghali ya que no hay indicios de haber cometido un delito, esto supone que gozará de libertad de movimiento una vez reciba el alta en el hospital de Logroño al que llego el 18 de mayo enfermo de coronavirus, ya que tal y como indicaba Pedraz «no puede apreciarse riesgo de fuga». El único requerimiento del magistrado ha sido el de aportar un domicilio y un teléfono de localización.

A la salida de la Audiencia Nacional el abogado del líder Polisario ha asegurado que su defendido ha negado todas las acusaciones “absoluta y rotundamente” y ha calificado de “inciertos” todos los cargos que se le imputaban. A su vez el abogado ha denunciado ante los medios que la querella tenía únicamente intereses político y solicitará que se archive el caso.

Su entrada en el país tensó las relaciones entre Marruecos y España, lo que provocó la «apertura de las fronteras» y, como consecuencia, la llegada masiva de migrantes. Sin embargo, desde Marruecos aseguraron ayer, 31 de mayo, en un comunicado que «la crisis no se reduce a un hombre: no comienza con su llegada, ni terminará con su partida. Se trata, ante todo, de una cuestión de confianza y de respeto mutuo rotos entre Marruecos y España».

Las relaciones entre ambos países ya eran tensas antes de la llegada de Ghali. Esto se debe a que el gobierno español no reconoce el dominio marroquí del Sáhara Occidental, territorio que no está contemplado como autónomo por la ONU.

Sin embargo, el conflicto en la región se remonta a la década de los 60, cuando el Sáhara Occidental seguía siendo territorio español.

Origen del conflicto en el Sáhara Occidental

La ONU en 1967 recomendó la descolonización de la zona, que todavía estaba bajo dominio español. Esto supuso que Mauritania se uniera a las proclamas marroquíes de reclamación del Sáhara Occidental. Es en este momento cuando se crea el Frente Polisario para batallar contra los españoles que estaban ocupando el Sáhara.

En 1975 España planteo una vía por la que cederles mayor autonomía a los saharauis, aunque fue rechazada por Marruecos, por lo que la ONU instó a España a acudir al Tribunal de La Haya para hallar a una solución. En septiembre de ese mismo año, se emitió un dictamen en el que no se clarificaba la situación del Sáhara Occidental. En él únicamente se condenaban las pretensiones de Marruecos y Mauritania, pero no se reconocía el derecho de autodeterminación de la zona.

Finalmente, en 1976 se firmó un acuerdo entre Rabat y Madrid por el que se ponía fin a la presencia española en la zona y se estipulaba que el territorio quedaría administrado entre Marruecos y Mauritania. El Frente Polisario se opuso a este entendimiento.

El ejército marroquí, tras esto, asedió y bombardeó los campamentos de civiles saharauis, lo que empujó a los supervivientes a marcharse a campos de refugiados en Argelia.

Con la marcha de los últimos militares españoles, el Frente Polisario, dirigido por Mohamed Abdelaziz, declaró la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Tras esto, la RASD llevó a cabo una guerra de desgaste contra Marruecos y Mauritania, lo que obligó a la segunda a firmar la paz con el Frente Polisario en 1979, lo que supuso que Marruecos declarara su soberanía sobre todo el territorio. Después de años de tensiones y negociaciones, Marruecos y la RASD firmaron el alto el fuego en 1991.

En 2016 entró a liderar el Frente Polisario Brahim Ghali, que continúa a día de hoy. El año pasado, bajo su mandato, Marruecos rompió el alto el fuego al disolver una protesta pacífica en la ciudad de Guerguerat. Como consecuencia, el Frente Polisario declaró la guerra en todo el territorio saharaui occidental y se libraron enfrentamientos en torno a los 2.700 kilómetros de muro que separa ambos territorios.

El papel que juega España en este conflicto es de gran relevancia ya que sigue siendo la principal administradora de la zona. Tal y como afirmó en 2014 el ahora ministro de Asuntos Interiores, Fernando Grande-Marlaska, cuando ejercía como magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: «España sigue siendo la potencia administradora del territorio y, como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de Naciones Unidas. Entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso, para lo cual debe extender su jurisdicción territorial».

 

Marina García. Jefa de Redacción y redactora.

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