Trabajadores de Renfe concentrados el pasado 19 de octubre frente al Congreso.
Fuente: Semaf.
- Los parones se darán los días 28 de octubre, 7 y 11 de noviembre en todo el país
- Los motivos de protesta son las malas condiciones de los profesionales y la carencia del personal y maquinaria
Los trabajadores de Renfe han convocado una huelga que comenzará este viernes 28 de octubre. La finalidad del paro es denunciar el bloqueo del III Convenio Colectivo, que pretende regular la precaria situación de los profesionales.
El cese ha sido convocado por los sindicatos CCOO (Comisiones Obreras), UGT (Unión General de Trabajadores) y Semaf (Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios) y tendrá lugar de 00.00 a 23.00 horas. A esta acción sindical se unen periodos de inactividad el 7 y 11 de noviembre entre las 06.00 y las 09.00 horas y entre las 18.00 y las 20.00 horas.
El pasado 19 de octubre ya celebraron una concentración frente al Congreso de los Diputados. A ella acudieron más de medio millar de ferroviarios españoles para manifestar su descontento con la situación, pero no obtuvieron respuesta alguna.
Las asociaciones sindicales culpan al Ministerio de Transportes y a Renfe de no convocar ninguna mesa de diálogo. Desde UGT el mensaje es claro: “Consideramos que el Grupo RENFE está bloqueando unilateral y deliberadamente la negociación colectiva”. Por su parte, el poder público se limitan a pedir que se mantengan los servicios mínimos y a respetar el derecho de huelga.
La difícil situación de los profesionales
Las principales razones que han llevado a la calle a los trabajadores del sector ferroviario son las precarias condiciones de trabajo y la pérdida de funciones, que derivan en una disminución progresiva de derechos.
La frágil situación laboral se da por la carencia tanto del personal como de los trenes. Esta falta de trabajadores viene motivada porque la tasa de reposición no es adecuada a las plantillas. La edad media de los trabajadores de Renfe gira en torno a las 55 años, por lo que en el próximo lustro el 75 % de la plantilla se jubilará.
En cuanto a los trenes, Semaf asegura que no se han recuperado las prestaciones que se ofrecían antes de la pandemia. Indican que el servicio de larga distancia ha disminuido en un 30 %; el de media distancia, en un 35 %; y, el de Cercanías, entre un 5 % y un 10 %.
Como consecuencia, el actual equipo está sufriendo una sobrecarga de actividad. Sin embargo, Renfe opta por las externalizaciones antes que añadir personal, lo cual hace que la representatividad y derechos de los empleados se vean aún más mermados.
A esto se suma la demanda de un alza de sueldos derivada de la condición que los operadores ferroviarios ostentan. Se pide una subida del 2 % en el salario, como respuesta al incremento en sus ganancias que están sufriendo muchos sectores de empleo público. La controversia radica en la condición que tiene Renfe de entidad pública empresarial y que hace que sus trabajadores sean considerados personal operativo y no funcionarios.
Pérdida de funciones y de derechos
Los trabajadores denuncian que la compañía está rompiendo la integridad del servicio transfiriendo competencias a las comunidades autónomas. Por ejemplo, en Cataluña, el Govern es quien gestiona Rodalies y Renfe. Además, Ricard Font, vicepresidente de Políticas Digitales y Territorio, ya ha pedido el traspaso completo de competencias.
La entidad ferroviaria, por su parte, apunta al Ministerio de Transportes como responsable de la cesión de competencias a Cataluña y justifica que sólo se trata de una consignación presupuestaria para costear el servicio de Rodalies, pero que no irá a más.
La propuesta de sindicatos y trabajadores
El III Convenio Colectivo pretende ser la solución a las condiciones laborales presentes. Las asociaciones sindicales proponen procesos de movilidad para garantizar la cobertura del personal y una nueva legislación para devolver a los trabajadores de Renfe sus funciones sustanciales.
Se tratan otros aspectos como la eliminación de las categorías de ingreso, el establecimiento de una carrera profesional y un sistema de retribución específico para los centros de gestión.
Su objetivo, además de la mejora de las condiciones de empleo, es acabar con la discriminación que sufre el personal de otras secciones como administración, fabricación y mantenimiento.
Este acuerdo lleva desde abril esperando a ser aprobado. El último encuentro al respecto fue la mediación celebrada el 14 de octubre en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), en la que no se mostró ningún avance en la negociación.
Fuera del convenio y respecto a la carencia de personal, los sindicatos piden el adelanto de las ofertas públicas de empleo (OPE) programadas para 2023 para que se lleven a cabo antes de que finalice el presente ejercicio así como la promoción profesional del colectivo.
Cargando ...