Teresa Ribera y su equipo celebran la aprobación de la ley. Imagen: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

  • La aprobación en el Consejo de Ministros contó con la abstención de PP, VOX y Más País Verdes Equo
  • Se fija el objetivo de reducir en un 23 % la emisión de gases invernadero para 2030 y la neutralidad climática par 2050

La Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados aprobó ayer, 13 de mayo, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España, la primera norma en el ordenamiento legislativo nacional para luchar contra el calentamiento global.

Esta ley llega después de seis años del Acuerdo del Clima de París y cuatro desde que España lo ratificó, es por ello por lo que desde muchas organizaciones se está describiendo la medida como “tardía y poco ambiciosa”.

El proyecto ley fue remitido del Congreso de los Diputados al Senado el 14 de abril de este mismo año como “urgente”, por lo que la Cámara Alta contaba con un plazo de seis días, hasta el 20 de abril, para formular las enmiendas y propuestas que considerase. Finalmente, el texto, incluidas las enmiendas introducidas, fue aprobado ayer en el Consejo de Ministros.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, declaró que «Marcamos un hito, un punto de partida desde el que mirar siempre hacia delante e ir a más, nunca a menos. Con esta ley se abordan retos complejos en un momento difícil para nuestra sociedad«. Además, señaló la oportunidad que supone esta primera ley con respecto a la recuperación económica.

La ministra animó a los grupos parlamentarios a «apoyar la ambición climática que persigue el Gobierno y a seguir trabajando en la suma de consensos» y a la juventud por ser “cómplices y voz de la conciencia en cuanto a los avances en la lucha del cambio climático”.

Los objetivos establecidos en el texto son revisables y se han fijado de acuerdo con el compromiso anunciado por la Unión Europea en los Acuerdos de París. Además, estos comprenden dos etapas: un periodo de tiempo hasta 2030 y un segundo tramo, hasta el año 2050.

Para 2030 se ha establecido una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de un 23 % respecto a los niveles de 1990, lo que dista en 13 puntos de la promesa de la Unión Europea de alcanzar la disminución del 55 % para el mismo periodo de tiempo. Asimismo, España determina la penetración de energías renovables en un 42 %, objetivo que la Unión Europea ha fijado entre un 38 % y un 40 %; la creación de un sistema eléctrico con al menos un 74 % de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética hasta un 39,5 %, que la Unión Europea fija entre el 36 y 39 %.

Todas estas medidas están encaminadas para conseguir la descarbonización, fijada tanto por la Unión Europea como por España, para 2050. Este fenómeno de la neutralidad climática se refiere a la capacidad para absorber el total de emisiones que se producen.

Sin embargo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUD) señala que es necesaria la implantación de mayores medidas para que las emisiones globales de gases de efecto invernadero se reduzcan en un 7,6 % cada año.

Para ello, la ley apunta a ciertas medidas para la consecución de las metas establecidas como, por ejemplo, la creación de planes de movilidad urbana sostenible, donde se incluyan zonas de bajas emisiones, fomento del transporte público, compartido y eléctrico, para los municipios demás de 50.000 habitantes o 20.000 si superan los límites contaminantes.

A esto se añaden medidas acerca del dominio público hidráulico para generar energía renovable, la prohibición de investigación o explotaciones de hidrocarburos o minas de minerales radioactivos en todo el territorio nacional, el fomento de los gases renovables, la instalación de puntos de recarga eléctrica, financiación para la investigación del materias relacionadas con el medio ambiente, el fomento de la capacidad de absorción de sumideros de carbono e incluso, la inclusión del medio ambiente como contenido en los centros educativos.

Abstenciones y sus motivos

Mientras que la ministra Teresa Ribera anunciaba “Hay amenazas y riesgos que no distinguen colores políticos, pero que sí se ceban en los más vulnerables: nuestra generación tiene la gran obligación de afrontar el cambio climático”, PP, Vox y Más País-Verdes Equo se abstenían en la votación para aprobar la Ley del Cambio Climático.

Desde Más País-Verdes Equo señalaron la suya era una abstención “constructiva”, pues, para la formación, estos objetivos «nacen viejos y obsoletos».

La diputada de VOX, Mireia Borrás, ha justificado la abstención por ser una ley “sumamente ideológica” y ha puesto el ejemplo de la eliminación de “una energía limpia, como la nuclear”. Ha cargado, además, contra aquellos que tachan a la formación de negacionistas.

Guillermo Mariscal, del PP, ha recalcado el compromiso del Partido Popular con el clima, pero basa la abstención del partido en ser la ley un proyecto «limitativo», que llega tarde y con «falta de diálogo».

 

Reacción de grupos ecologistas

Desde WWF España, su secretario general, Juan Carlos del Olmo, ha señalado que la norma es una «reivindicación histórica del movimiento ecologista», que llega en un «momento crítico». Resalta, además, la rapidez con la que se debe actuar: «Es imprescindible actuar con determinación para evitar los peores impactos del cambio climático en un país tan vulnerable a ellos por su ubicación en la región mediterránea”.

Por su parte, Greenpeace recalca lo negativo de la ley, pues «nace mucho más débil de lo que sería necesario para afrontar la crisis climática” y es «poco ambiciosa».

Otro colectivo como el de Ecologistas en Acción (EA) exige «una ley a la altura de la emergencia ecológica», ya que la tramitación del anteproyecto ha supuesto un periodo de dos años, tiempo en el que «las consecuencias de la crisis climática avanzan».

 

Mª Luisa Muñoz. Jefa de Edición e Imagen corporativa y redactora.

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