Juan Carlos I de Borbón en la entrega del Premio Carlomagno de 2007. Imagen: Aleph, editada por Thermos. 

  • El padre de Felipe VI reside en un lujoso complejo hotelero de la isla de Nurai, cerca de Abu Dabi, capital del país de Oriente Próximo
  • La Fiscalía del Tribunal Supremo mantiene dos investigaciones abiertas contra el rey emérito, más otra de la Fiscalía Anticorrupción, pese a las regularizaciones fiscales del ex jefe de Estado

El rey emérito, Juan Carlos I, cumple un año fuera de España tras abandonar el país el 3 de agosto de 2020 y establecer su nueva residencia en Emiratos Árabes Unidos. La Casa Real publicó un comunicado que confirmaba los rumores difundidos por diferentes medios de comunicación los días previos a la oficialización del suceso.

La decisión llegó en un momento en el que se acrecentó “la repercusión pública” sobre las irregularidades fiscales de Juan Carlos I durante los últimos años de su mandato. Por ello, el exrey decidió mudarse para “contribuir a facilitar el ejercicio de las funciones” a su hijo, Felipe VI.

Dichos delitos están relacionados con supuestas comisiones ilegales en la adjudicación a empresas españolas de la construcción de la línea de ferrocarril que une la ciudad de La Meca con Medina (Arabia Saudí).

Así, el ex jefe de Estado, con ayuda del Gobierno, trató de poner distancia entre la Casa Real y su figura para evitar deteriorar la imagen de la institución monárquica. Esta medida supuso el tercer “cortafuegos” para evitar que lo sucedido en torno a la familia del actual rey de España, Felipe VI, le perjudicase durante su mandato.

Y es que la Corona ya trató de desvincularse de polémicas anteriores. Por ejemplo, al desvincularse de Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina, cuando fue condenado por corrupción.

Lo mismo sucedió cuando Felipe VI decidió retirar a su padre su asignación económica anual y renunciar a la herencia de este tras conocerse que figuraba como segundo beneficiario de una cuenta en Suiza perteneciente a su antecesor.

No obstante, el aislamiento de Juan Carlos I respecto al resto de la familia real no ha hecho desaparecer todas las tramas y posibles delitos fiscales que ya giraban en torno a él. Incluso, se han descubierto nuevas cuentas en el extranjero y se han abierto otras dos nuevas investigaciones en su contra.

Tampoco Corinna Larsen, la supuesta amante del rey a la que donó su fortuna de origen saudí por la construcción del ferrocarril, ha guardado silencio. De hecho, la empresaria alemana concedió una entrevista a la BBC en la que dio detalles de su relación con el ex jefe de Estado un par de semanas después de la salida de este del país.

Asimismo, el Alto Tribunal de Justicia británico hizo pública la demanda civil contra Juan Carlos I presentada por la propia Corinna el pasado mes de diciembre en Reino Unido.

En el escrito, denuncia una «vigilancia ilegal encubierta» por parte del acusado y menciona también al exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, como responsable del acoso sufrido.

Este tipo de procesos judiciales no conllevan penas de cárcel y se suelen saldar con compensaciones económicas en el caso de que el juez falle a favor del demandante.

 

Tres líneas de investigación abiertas
Juan Carlos I solo tenía una línea de investigación abierta hasta su salida de España: las supuestas comisiones que rodearon la adjudicación a empresas españolas de la construcción del tren de Alta Velocidad (AVE) a La Meca, en Arabia Saudí.

Sin embargo, la Fiscalía del Tribunal Supremo anunció otras dos nuevas el pasado mes de noviembre y traspasó la ya existente a la Fiscalía Anticorrupción. Una de ellas está relacionada con el uso de tarjetas opacas, es decir, tarjetas de crédito de las que nadie declara los gastos y escapan del control de los organismos que se encargan de la recaudación de impuestos.

La otra tiene que ver con un presunto delito de blanqueo de capitales, que permite incorporar al sistema financiero bienes o fondos de dinero que han sido obtenidos de forma ilegal.

Las dos últimas aún están pendientes de la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que será la encargada de determinar si abre alguna causa judicial contra el rey emérito o archiva los casos en función de las pruebas encontradas.

Varios partidos políticos han solicitado varias veces la aprobación de una Comisión para investigar las actividades vinculadas con la Casa Real, pero la oposición de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox ha frenado siempre la propuesta.

 

El AVE a La Meca
La investigación de las supuestas comisiones ilícitas percibidas por Juan Carlos I comenzaron en agosto de 2018. Dichas retribuciones se otorgaron como recompensa por su participación en las negociaciones para la adjudicación de la construcción del ferrocarril que une las ciudades saudís de La Meca y Medina.

En esas fechas, se filtraron a la prensa unas grabaciones del excomisario Villarejo en las que Corinna Larsen confesaba dicho cobro ilegal por parte de su amante y jefe de Estado en aquel momento. Este hecho fue motivo suficiente para que la Fiscalía suiza abriese una causa penal, instruida por Yves Bertossa.

Las irregularidades de este caso se remontan al 8 de agosto de 2008, cuando el ex rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz, transfirió alrededor de 64,8 millones de euros a la fundación Lucum. Tres años más tarde, se produjo la concesión de la obra ferroviaria al conglomerado de empresas españolas.

Lucum es una entidad panameña creada por Arturo Fasana y Dante Canónica, gestores del patrimonio de Juan Carlos I y que actuaron como testaferros de este. Por tanto, figuraban como titulares de la empresa para encubrir la identidad del exrey, que era el principal beneficiario.

De esta forma, el antiguo jefe de Estado fue retirando dinero en metálico de la cuenta bancaria de Lucum hasta la primavera de 2012, cuando se rompió la cadera en un viaje privado en Botsuana.

Como consecuencia, los asuntos ilícitos del monarca empezaron a salir a la luz. Es entonces cuando decidió desprenderse del dinero restante (65 millones de euros) de la cuenta mediante una donación a Corinna Larsen el 5 de junio de 2012, aunque  pretendía recuperar el control del dinero más tarde.

A ello le siguió el cierre de la cuenta bancaria de la Fundación Lucum en el banco suizo de Mirabaud. Sin embargo, la operación tenía un coste de 657 euros, que abonó la Fundación Zagatka, perteneciente al primo del rey, Álvaro de Orleans-Borbón, y que también hacía de testaferro.

Todos estos movimientos han sido investigados por el fiscal suizo, Yves Bertossa, que ha ido descubriendo nuevas cuentas en paraísos fiscales que implican a Juan Carlos I.

Por su parte, la justicia española ha colaborado en la obtención de pruebas e información para la fiscalía suiza. Mientras, mantiene abierta la línea de investigación que estudia irregularidades en el cobro de comisiones del AVE a La Meca.

No obstante, la inviolabilidad de la que gozaba Juan Carlos I durante su etapa como jefe del Estado hacen imposible que sea juzgado por estos hechos. Por este motivo, las diligencias del caso han vuelto a la Fiscalía Anticorrupción, pero solo afectarán al resto de personas que no cuentan con impunidad legal.

 

Las tarjetas opacas
El caso de las tarjetas opacas ha afectado a Juan Carlos I, pero también a otros miembros de la familia real, como la reina Sofía.

La Fiscalía del Tribunal Supremo hizo pública la segunda investigación abierta contra el exrey de España el pasado 3 de noviembre de 2020, después de que eldiario.es diese la exclusiva por filtraciones internas.

En esta ocasión, se investigan movimientos financieros sucedidos entre 2016 y 2018, por lo que no exime al exrey de responsabilidades legales, ya que se produjo unos años después de su abdicación como jefe de Estado, puesto que le otorgaba inviolabilidad jurídica.

Las tarjetas bancarias estaban vinculadas a cuentas extranjeras del empresario mexicano y amigo de Juan Carlos de Borbón, Allen Sanginés-Krause. De tal forma que, usando a Murga Mendoza, coronel del Ejército del Aire, como testaferro, varios miembros de la Casa Real disfrutaban de un dinero que no declaraban a Hacienda.

Sin embargo, Juan Carlos I se encargó de regularizar su situación fiscal de forma voluntaria con un pago a la Agencia Tributaria de 678.393,72 euros para evitar la apertura de alguna causa judicial.

A esta regularización le siguió otra de 4.395.901,96 euros el 26 de febrero de 2021, para saldar sus cuentas con Hacienda en relación con los viajes pagados por la fundación Zagatka en 2018.

 

Blanqueo de capitales
La última de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía salió a la luz el 7 de noviembre de 2020. Esta vez, se relaciona al ex jefe de Estado con una cuenta bancaria, en la isla de Jersey, situada en el Canal de la Mancha.

El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) alertó a la Fiscalía de la sospecha de movimientos en torno a una cuenta, activa desde 2005, que contiene cerca de 10 millones de euros.

A pesar de que Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, hiciese oficial el inicio de la investigación, los órganos estatales están llevando el caso con bastante secretismo y apenas se conocen más datos sobre esta.

 

Venancio Sánchez-Cambronero. Redactor.

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